EL gobierno baja los impuestos. Eso sí es para echarse a la calle a dar saltos de alegría. Ni la proclamación del rey ni el ya imposible triunfo de la 'Roja' en Brasil podrían dar lugar a más euforia y esperanza. Es verdad que el PP está siendo lento en aplicar su programa electoral. Si para subirlos, en su primera reunión de gobierno, se recurrió al decreto ley por razones de urgencia, lo de bajarlos no requiere tanta premura y seguirá el procedimiento habitual. Entrará en vigor en enero de 2015 y al cobrar -quien lo haga- la nómina de ese mes se verá cómo nos afecta. Luego, mediado 2016, al presentar la declaración de renta, sabremos de su eficacia. Pero bueno, dirán muchos, más vale tarde que nunca.

La pena es que la bajada de impuestos sólo es el titular de una táctica electoral muy repetida. La idea que anima estas estrategias es sencilla: la vida es una cuestión de expectativas. Aunque siga haciendo calor, por poco que se abra una ventana se nota el aire fresco. Da igual que el sablazo de 2011 se anunciara como temporal y extraordinario. Se trata de crear la sensación de que se paga menos. En política siempre se valora más la apariencia que la esencia.

Decir que no se va a subir -aún más- el IVA, no es bajarlo. Y menos cuando puede incrementarse variando el tipo aplicable a según qué productos. Un análisis serio sobre el IRPF exige comparar los tipos impositivos anunciados con los que nos elevaron sin anestesia en 2011. Y ahí, por lo que se ha adelantado, no hay bajada de impuestos para nadie. Todos conocemos que la voracidad del estado es proverbial. Pero llegar hasta eliminar la exención fiscal de las indemnizaciones por despido es indigno y confiscatorio. Más aún cuando la reforma laboral redujo y limitó notablemente su importe. Otro golpe a la clase media. Y ya van… ni se sabe.

La débil memoria del electorado es otra ventaja estratégica. El gobierno ganó las elecciones prometiendo bajada de impuestos, regeneración política y modernización del estado. En el verano de 2012 nos anunció a bombo y platillo una reforma de la administración local que reduciría en veintiún mil el número de concejales o la eliminación de más de cuatro mil empresas públicas. Dos años después… aún esperamos. ¿Por qué siempre hay que recordar en España, paraíso de subvenciones y duplicidades e ineficiencia estatal, que la mejor reforma fiscal es la contención de tanto gasto público inútil?