COMO se suponía, el auto del juez Castro confirma las imputaciones de todo el elenco del caso Nóos. No sé si por cansancio ciudadano, por la habitual relajación estival o porque hay cierto interés en ello, su impacto mediático ha sido mucho menor del que se produjo en circunstancias anteriores. Tampoco es necesario creer en ninguna oscura conspiración. Todo lo que dice, se sabía y era tan esperado que no hay noticia. Además, raro es el día en el que no nos topamos con un buen puñado de informaciones judiciales sobre el amplio catálogo de la corrupción patria. Así que no extraña que el ciudadano quiera abstraerse en estas fechas de la realidad y disfrutar del solaz que le proporcionan las vacaciones.

Pero lo que si me llama poderosamente la atención es el generalizado uso elusivo del lenguaje que se está imponiendo y que parece querer provocar en el lector o el oyente la idea de que los imputados son personas alejadas de los centros de poder. Es muy curioso; entre ellos ya no hay miembros de la Familia Real sino de la familia del rey que es mucho más extensa. Y aunque la comisión de los delitos a juzgar se realizara bajo su mandato, el señor Matas -cuyo ingreso en prisión es inminente- sólo es, y se dice de pasada, un ex presidente del gobierno balear. Lenguaje y tiempo parecen diluir las responsabilidades.

En el caso de la infanta podríamos preguntarnos qué es más importante en la comisión de un delito, ¿el ilícito penal o el parentesco del acusado? Para el Código Penal está claro, para algunos medios parece que no. Hasta hace nada, la imputación penal de la hija del rey parecía una cuestión de vital importancia que no sólo socavaba los cimientos de la institución sino que ponía en peligro la estabilidad del propio estado. Hoy en cambio, el hecho de que en unos meses podamos ver sentada a la hermana del rey en el banquillo de los acusados parece un incidente menor. De hecho, ese día podremos leer alguna portada que recoja la llegada al juzgado de una tía de la infanta Sofía que se convertirá en biznieta de Alfonso XIII al recurrir la sentencia que se dicte en primera instancia. Y del mismo modo, cuando unos años después, el Tribunal Supremo cierre el recorrido judicial de este asunto, en función de la decisión adoptada, se absolverá a una infanta de España injustamente acusada o será condenada una descendiente de los reyes Católicos. Pero será la misma persona.