LA reforma de la Ley General Electoral para cambiar el método de elección de los alcaldes necesita de un acuerdo entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. Una reforma de tal calado, que afecta a la esencia de la decisión popular en los municipios, requiere que los partidos con mayor representación alcancen un mínimo común en el que también deberían participar otras formaciones. El PP y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quieren aprobar cuanto antes esta reforma, y es precisamente a lo que se niega el PSOE: no es posible modificar un método de elección de alcaldes a sólo siete meses de los comicios locales. No parece conveniente que, justo cuando se acaba el partido, el mandato municipal, los populares, haciendo uso de su mayoría absoluta, quieran cambiar las reglas del juego. Las dos formaciones habían llegado a un acuerdo hace años para fortalecer el gobierno de los alcaldes ante las mociones de censura que promovían pequeños partidos independientes dirigidos, casi siempre, por personajes con intereses muy particulares. De este modo, PP y PSOE coincidían en que fuesen los ciudadanos los que eligieran directamente al alcalde, aunque diferían en el método: los populares querían que el candidato más votado fuese el regidor y los socialistas, que éste saliese de una segunda vuelta electoral si en la primera no había mayoría absoluta. Y no llegaron al acuerdo final porque el primer método beneficiaba al PP y el segundo, a la izquierda. Se puede opinar que los candidatos que obtengan más del 40% deberían convertirse en alcaldes de modo directo, pero también que eso socava el concepto de democracia representativa, que es la que rige todas nuestras elecciones. Ni a los presidentes de comunidades autónomas ni al del Gobierno se les elige por elección directa porque ello llevaría a un sistema presidencialista que necesitaría de un contrapoder. Se optó en la Transición por que fueran los parlamentos, como depositarios de la soberanía popular, los que se organizasen para nombrar al líder de acuerdo con el juego de las mayorías. El sistema propuesto por el PP se queda en la mitad, no sería alcalde cualquiera que fuese más votado, lo que podría llevar a situaciones antidemocráticas, sino aquellos que obtengan más del 40%. Es un modelo mixto, corregido, que habría que estudiar sin más prisas, una posible contribución a la regeneración democrática aunque también las mayorías absolutas han llevado a desmanes en muchas ocasiones. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, sólo es posible la reforma con un gran acuerdo: si no es así, el PP confirmaría la sensación de que altera la ley para salvar a sus alcaldes en unos momentos de agitación electoral.

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