HACE unos meses el Tribunal Constitucional anunciaba la paralización de las deliberaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado en la pasada legislatura contra la ley del aborto ante la inminente modificación de la ley. Sin embargo, ahora la mayoría gubernamental no parece dispuesta a tramitar esa reforma. La razón última es electoralista; el criterio que suele marcar las decisiones políticas cuando las elecciones se acercan. La mayoría de la ciudadanía está conforme con la regulación actual, la ley de plazos, y la vuelta al pasado incorporando una de las legislaciones más restrictivas de Europa podía no ser entendida por una parte de los potenciales votantes. La vicepresidenta del Gobierno ha aludido a la inexistencia de consenso como motivo para no continuar con la proyectada reforma. No obstante, el ministro Wert ha aportado una clave más preocupante. Ha sostenido que le parece conveniente esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la ley vigente antes de proceder a su modificación. En fin, el Gobierno pretende que el Tribunal le resuelva esta "patata caliente". Si declara inconstitucional la ley de plazos ya podría imponer el contenido restrictivo de su reforma sin coste electoral.

La estrategia es temeraria pues significa implicar al Tribunal Constitucional en el debate político, con el riesgo de pérdida de legitimidad que ello conlleva para un órgano sumamente deslegitimado en este momento. Lo peor es que la mayoría del Tribunal podría estar dispuesta a entrar en ese juego. Recordemos que antes de la paralización se había designado como ponente de este recurso al magistrado Ollero Tassara. Por más respeto intelectual que se le tenga al profesor Ollero, y lo merece, parece evidente que no es el más ecuánime para ser ponente en una cuestión como ésta. Quien haya leído o escuchado al profesor Ollero conoce de sobra su posición respecto a cualquier ley que despenalice el aborto a partir de sus convicciones religiosas. Por ello, la remisión al Tribunal Constitucional suena a estrategia que debería evitarse.

Es cierto que no tiene sentido reabrir el debate sobre el aborto en España cuando tenemos una ley de plazos similar a la de casi todos los países europeos y plenamente aceptada por la mayoría de la ciudadanía según todas las encuestas. Pero si de verdad se quiere cerrar el debate no basta con retirar la propuesta de modificación de la regulación actual sino que debería expresarse también la voluntad de desistir del recurso interpuesto en la pasada legislatura ante el Tribunal Constitucional.