GRAN anuncio: en septiembre PSOE y PP negociarán los nuevos nombres del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. ¿Verdaderamente es lo más relevante del encuentro mantenido entre el presidente de Gobierno y el líder de la oposición? Si alguien lo cree así, entonces más vale apuntarse al apaga y vámonos. Lo importante de la reunión entre Zapatero y Rajoy podría estar en aquello en lo que no ha habido acuerdo, porque indica por donde van a ir los tiros.

Está muy bien que se hayan llegado a puntos de coincidencia en la forma de luchar contra ETA -Rajoy se ha apuntado un tanto, Zapatero asume sus tesis-, y está muy bien también que se hayan llegado a acuerdos sobre la modernización de la Justicia y sobre penalizar más determinados delitos, como los relacionados con la pederastia, aparte de cambiar determinadas leyes para proteger en la medida de lo posible a las víctimas del terrorismo. Pero eso no lo acordaron Zapatero y Rajoy, sino Bermejo, José Antonio Alonso, Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría días pasados, con la ayuda inestimable de Alfredo Rubalcaba, siempre hombre de criterio y sobre todo hombre que tiene palabra, lo que es fundamental en este tipo de negociaciones.

Porque hay un dato que ayer no dio Zapatero: los populares y socialistas que negociaban sobre la Justicia, habían llegado al acuerdo de que el Tribunal Supremo sería la máxima instancia judicial para todo el territorio español, punto de máxima relevancia para todos los ciudadanos, como entendieron perfectamente el ministro Bermejo -fiscal- y el portavoz parlamentario del PSOE -juez-. Pues bien, el martes José Antonio Alonso anunció a Santamaría y a Trillo que desde Presidencia de Gobierno vetaban ese punto. Estaba claro: en Moncloa agachan la cabeza ante los catalanes que se niegan a aceptar la autoridad del Supremo.

Por tanto, más vale poner en su justo término el resultado de la reunión entre Zapatero y Rajoy. No solamente ha habido diferencias en las cuestiones económicas, lo que era previsible porque Zapatero sigue empeñado en unas políticas ficticiamente sociales y además niega la evidencia: que no sabe qué hacer. No tiene ni idea de cómo actuar ante una crisis mayúscula que pone los pelos de punta porque, como augura Solbes, puede llevar al paro a cien mil ciudadanos cada mes. Por si no fuera suficiente, lo ocurrido en estos últimos días demuestra que el presidente sigue empeñado en una política territorial injusta, insolidaria y frustrante, que abunda en las diferencias entre regiones. Véase el ejemplo de lo ocurrido con el Supremo: Zapatero no quiere ni oír hablar de plantar cara a Montilla.