Editorial

Cerco judicial a la familia Pujol

LA familia Pujol, cuyo patriarca estuvo más de dos décadas al frente de la Generalitat y es el inspirador intelectual del desafío independentista en el que ha desembocado el otrora nacionalismo pragmático catalán, está sufriendo un auténtico cerco judicial que persigue los presuntos delitos cometidos al amparo de su larga permanencia en el poder político. Tras la confesión de Jordi Pujol, el pasado verano, de que había mantenido una cantidad sustanciosa de dinero en el extranjero, fruto de una herencia que fue ocultada a Hacienda -asunto sobre el que aún debe investigar el Parlamento catalán-, el otoño no ha suavizado la delicada posición de la familia, estrechamente ligada a la construcción de la Cataluña contemporánea y, como colofón, a la grave crisis territorial que afecta a España. Un juez de la Audiencia Nacional imputó el miércoles al primogénito de los Pujol y a un grupo de empresarios en una macrocausa relacionada con el supuesto cobro de comisiones millonarias a cambio de la adjudicación de contratos con la Generalitat, una práctica que era vox pópuli en Cataluña aunque haya sido silenciada muchos años por las clases dominantes y reinantes de la comunidad. El jueves otro magistrado de la Audiencia Nacional ordenó la detención durante horas y el registro del domicilio y las empresas del menor de los Pujol, Oleguer, puesto posteriormente en libertad con cargos de blanqueo de capitales y delito fiscal, en una nueva investigación que parte de serios indicios sobre operaciones inmobiliarias supuestamente destinadas a lavar la enorme fortuna acumulada por la familia a través de sus actividades de intermediación y tráfico de influencias derivadas del ejercicio prolongado del poder político, aunque hayan sobrevivido a la retirada de Jordi Pujol de la primera línea de la política catalana. Otro de los vástagos del ex Molt Honorable President, Oriol Pujol, vio truncada precisamente su carrera política, que le auguraba ser el sucesor de su padre en la acción pública, por su imputación en el caso de las ITV, una trama encaminada a favorecer, a cambio de comisiones, la concesión de estaciones de inspección de vehículos a empresarios amigos y afines. Una vez más, como ocurrió en el pasado con Banca Catalana, Pujol e hijos se han envuelto en la bandera tratando de presentar la actuación judicial como una persecución que el Estado español ha puesto en marcha contra el proceso soberanista y, en definitiva, contra el pueblo catalán. Pero es más fácil: la Justicia, lenta pero implacable, sólo investiga si esta familia concreta se ha enriquecido ilegalmente. De eso es de lo que deberán responder los Pujol, no de sus ideas políticas, que tanto provecho les ha proporcionado durante tantos años.

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