PARECE mentira que tras la debacle de las Cajas de Ahorros, la Junta de Andalucía vaya a poner en marcha un Banco Público. Y más aún que pretenda presentarlo como la solución idónea a los complejos problemas de financiación que sufren las pymes andaluzas. España es un país poco amigo de la libertad económica y del liberalismo como opción política, aunque fuera en la Cádiz de las Cortes doceañistas donde se acuñó el propio término liberal. En cambio, el recurso al estado como magnánimo benefactor siempre aparece en las crisis como solución a todos y cada uno de los problemas que nos aquejan, olvidando que los recursos que puedan administrar los gobiernos no surgen por generación espontánea sino que tienen su origen en el esfuerzo de los contribuyentes. Los ciudadanos son mayores de edad y si quisieran ser accionistas de un banco adquirirían las correspondientes participaciones societarias en Bolsa sin necesidad de que el gobernante de turno lo haga con su dinero, supuestamente en su nombre y sobre todo, sin consultárselo.

Desde que en 1401 se creó la Taula de Canvis de Barcelona, considerada como el primer banco público del mundo, todas estas entidades han sucumbido por las mismas causas; gestión política y excesiva dependencia activa y pasiva respecto de su principal y a veces, único accionista. Es claro que en la última hornada de quiebras de entidades, la política ha ganado la batalla de la opinión pública ya que ha conseguido que se conozca como crisis bancaria el colapso financiero de las centenarias Cajas de Ahorros, torticeramente gestionadas desde el poder político por una legión de analfabetos financieros que, empujados por sus intereses electorales, despreciaron la eficiencia del negocio.

Desde posicionamientos estatistas, intervencionistas y radicales, tan añejos como los que utiliza IU para defender su propuesta, el negocio bancario sigue apareciendo como una caricatura de entreguerras en la que un tipo orondo con puro, chistera y reloj de oro se dedica a robar al pobre y escuálido obrero de gorra y pañuelo rojo al cuello. Su arcadia irreal desconoce que la misión de la banca es tan simple como necesaria en una economía moderna y en una sociedad abierta. Se trata de reconvertir el ahorro nacional en el carburante que financie el crecimiento de la economía, aportando fondos a proyectos viables a la vez que asegura el dinero de los depositantes y cobrando, lógicamente, por esa gestión profesional una parte de los beneficios generados. Pero para los demagogos es más sencillo plantear que si el dinero se gestiona desde la política y no desde las finanzas los beneficios para el pueblo serán ingentes y caminaremos hacía un paraíso socialista lleno de luz y de color. Sin embargo, la realidad nos recuerda que ese esquema nos ha llevado a hipotecar durante una generación los esfuerzos de la ciudadanía para afrontar el rescate de las Cajas.

Asistimos pues, a un delirante déjà vu. El nombramiento del Director General va a ser competencia del gobierno andaluz y el del Consejo de Administración del Parlamento. Otra vez, la independencia de lo político y la profesionalidad son norte y guía de la banca de titularidad y gestión pública. Podría la Junta de Andalucía aprender del gobierno británico que en 2013 eligió al Gobernador del Banco de Inglaterra mediante una selección realizada con publicidad y total transparencia, hasta el punto de que se anunció la vacante en toda la prensa económica mundial. Y como buscaba al mejor, resultó que el elegido ni siquiera era ciudadano británico ya que la elección recayó en el Gobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, cuya excepcional carrera financiera se valoró por encima de cualquier otra consideración. Pero claro, esas cosas no ocurren en estas latitudes. Aquí ya se estará redactando una lista de personas de 'total confianza' para ocupar los mullidos sillones de la entidad nonata.

Un banco público siempre genera un indeseable riesgo moral pues al estar respaldado por el propio estado, aparece ante los depositantes con un plus de seguridad respecto al resto. Si además, su objetivo no es la rentabilidad y la eficiencia sino que se pliega a la estrategia electoral del gobierno de turno, financiando las inversiones por su capacidad de generar voto y no por su viabilidad económica, la quiebra estará servida. Y no parece que los objetivos del ente en cuestión sean financieros sino políticos.

Si un gobierno, en este caso el andaluz, quiere ayudar a determinados proyectos empresariales por estrategia de futuro, creación de empleo o desarrollo territorial, dispone de diversos vehículos como pueden ser subvenciones, fondos de inversión, capital riesgo o prestamos participativos, entre otros que ha desarrollado la teoría y la industria financiera. Si el objetivo final y real es generar riqueza, financiando proyectos empresariales de calidad y viabilidad contrastada, cualquiera de ellos será mucho más eficiente que poner en marcha un banquito andaluz para gloria y satisfacción de esa izquierda añeja que sigue instalada en la más que superada lucha de clases y en la distopía de una liberticida revolución permanente.