NO es necesario que magnifique la impresión que en la Universidad de Cádiz han causado las revelaciones de este periódico en torno al uso indebido de tarjetas de empresa por parte de autoridades académicas en tiempos no tan remotos. La reacción no es tanto de sorpresa -su existencia era conocida y fue motivo de críticas que llevaron a su desaparición-, cuanto de vergüenza y pesadumbre. Quizá por vez primera la institución se ve expuesta a un verdadero escándalo, de esos que sacuden las conciencias y provocan un malestar que no puede saldarse con comunicados rutinarios o soflamas corporativistas. Porque este escándalo lesiona no sólo el prestigio de una Universidad, sino la de todo el sistema universitario andaluz, en el que sería fácil rastrear comportamientos muy parecidos a los emergidos en Cádiz.

La lectura de las sucesivas entregas de este deprimente serial permite asegurar dos cosas: una, evidente para cualquiera que haya ocupado alguna vez un cargo de representación, que buena parte de los gastos efectuados con las tarjetas estuvieron sin duda plenamente justificados. En segundo lugar, que a menudo los titulares las emplearon de forma indebida o abusiva. Peor aún, que en algún caso se sirvieron no ya de las tarjetas, del cargo que ocupaban y, por tanto, de la Universidad, para beneficiarse ellos mismos, a familiares y amigos. Esto me parece mucho más lamentable y lesivo para la imagen y la moral de la institución que la factura improcedente de un taxi o de un hotel. La frivolidad culposa en el manejo de dinero público se doblaba con la demostración de superioridad, de poder y ventajismo. Durante años, estas tarjetas injustificables fueron ante todo una señal de estatus universitario y social, al alcance de sólo unos pocos. Usarla de vez en cuando al margen de las reglas debía proporcionar un placer grande y confirmatorio de que no se es como los demás.

Se puede ser rector, doy fe, sin chófer ni tarjeta oro. El problema de fondo está en que algunos rectores y vicerrectores necesitan de esas cosas para hacer creer, y creerse ellos mismos, que son autoridad; en que, además, una universidad pública puede gastar un presupuesto salido en un 80% del erario con muy débil control externo. A eso le llaman autonomía universitaria, pero constituye un privilegio exorbitante e indebido que habría que limitar.