LA universidad pública española es una de las instituciones menos transparentes del Estado, lo que constituye una de las características estructurales de una Administración singular a la que la Constitución reconoce una autonomía en términos difusos y jurídicamente imprecisos. A pesar de ello, despliega una función social estratificadora, en la medida en que cualifica profesional y académicamente a los ciudadanos, sirviendo a fines de interés público -el derecho a la educación superior- de manera programada y con participación efectiva de todos los sectores afectados. Es la única institución pública en la que los prestadores de servicios y los receptores-clientes participan directamente en su gobernanza.

Este papel institucional y social la ha situado en el centro de interés de la acción política e ideológica, especialmente en los últimos cuarenta años, en los que ha pasado a desempeñar distintos roles de transformación del esquema político del Estado -la democracia vino de su mano, en buena medida- para terminar convirtiéndose en un mecanismo público de configuración profesional del mercado laboral y en agente dinamizador y partner estratégico de sectores económicos de carácter productivo, desarrollo científico y tecnológico.

La universidad elitista y segregadora de clases sociales del pasado se ha convertido en una Administración crecientemente burocratizada, gestora de intereses plurales y complejos, vinculados con el desarrollo económico, que trascienden su tradicional función de laboratorio del conocimiento académico y científico. Es una gran desconocida, a quien se atribuyen clichés y estereotipos injustos y no contrastados, y a la que en las últimas semanas la bronca confrontación partidista propia de un país desconcertado y desengañado, ha situado arteramente en el disparadero. Conclusión: Delenda est universitas.

Desde la Ley de Universidades de Villar Palasí, en 1970, a la Ley de Reforma Universitaria de 1983, pasando por la reforma Aznar de la LOU de 2001, y la reforma Zapatero de 2007, más las reformas Wert de los últimos años, no ha habido manera de que el poder político haya llegado al más mínimo consenso acerca de qué modelo de universidad puede ser el que mejor sirva a los intereses generales de la sociedad. La autonomía universitaria, muy tempranamente caracterizada por nuestro Tribunal Constitucional en sus sentencias 26/1987, de 27 de febrero y 55/1989, de 23 de febrero, vino a configurarse como un derecho fundamental predicable de cada universidad en particular, y no del conjunto de ellas, regulado por la ley, que les atribuía capacidad de dictarse sus propias normas -sus estatutos- y darse su propios órganos de gobierno.

A partir de ahí, sólo los procedimientos de acceso y selección del profesorado, así como la estructura general de los planes de estudios, han quedado en manos del Estado. El resto de la gestión y el gobierno de las universidades pertenece al terreno de su régimen estatutario propio, lo que ha servido al poder del Estado y de las comunidades autónomas para inhibirse de ejercer el papel de fiscalización y control de los recursos económicos públicos de los que depende el entero sistema universitario.

Y ésta es la gran paradoja en la que vive la universidad española, que al amparo de una autonomía universitaria en la que no ha habido rendición de cuentas, ni transparencia en la gestión de recursos públicos, ha creado estructuras redundantes e ineficientes, con una escasa correlación entre inversión y resultados, una ínfima acción promotora de la captación de recursos privados, y una política de profesorado centrada en la estabilidad de las plantillas y no en la selección de los mejores currículos. No se puede, sin embargo, juzgar el entero sistema por la aparición de corruptelas que ni están generalizadas ni son admitidas por la comunidad universitaria, en la mayoría de los casos, ajena a las mismas.

Pero hay una responsabilidad directa e ineludible de nuestros gestores -nuestros rectores y sus equipos de gobierno- que en el uso y abuso de la autonomía han mostrado una frustrante incapacidad de actualización del papel transformador de la institución, cada día más exigente en una sociedad y una economía que reclaman eficiencia en los resultados, más democracia y menos corporativismo, mayor capacidad de adaptación a los retos cambiantes, racionalización del gasto público y superación de las brechas formativas que sitúan a nuestros universitarios entre los más castigados de Europa por una crisis económica en la que ya nada será igual que antes. "Que cada palo aguante su vela" no es consuelo, sin embargo, para quienes, día a día, soportan el peso de un servicio público de educación superior en el que, como aquellos malabaristas de circo que hacían girar simultáneamente cincuenta platos sobre varillas de mimbre, deben ser docentes de alumnos con severos déficits de formación general, investigadores excelentes con publicaciones de impacto elaboradas en jornadas extenuantes, burócratas por imposición de un sistema saturado de tareas administrativas, y representantes de los intereses colectivos en los órganos de representación de su universidad. Y, además, quieren poder vivir sus propias vidas.