AL final de la entrevista la periodista le preguntó al diputado si le parecía ético su comportamiento a lo que el político contestó de inmediato, "no, pero es legal". Esta distinción entre comportamientos legales y éticos está atravesando estos días la vida pública española y mediatizando en gran medida el debate electoral en curso. Es verdad que a muchos votantes no les importa esta distinción y, aún más, ni siquiera les importa que las conductas de los políticos de su cuerda sean claramente ilegales. Estos votantes apoyarán a los suyos sin importarles lo que hayan hecho. Es como si hubieran establecido con ellos una relación cuasi familiar. A la familia la quieres en cualquier caso y le perdonas casi todo. Otros ciudadanos, en cambio, han decidido trazar una línea roja en torno a la ley. Han sucumbido a la presión que muchos de nuestros gobernantes ejercen sobre nosotros a través de los medios de comunicación, haciéndonos creer que nuestra opinión a la hora de votar debe venir determinada a golpe de sentencia judicial.

Pues bien, muchos de los comportamientos que conocemos de nuestros políticos no necesitan de aperturas de juicios, instrucciones o sentencias para que puedan y deban ser calificados por nosotros los ciudadanos. Y será esta calificación la que contribuya a conformar nuestra opinión primero y nuestro voto después. El terreno de la justicia es imperativo en una sociedad que debe regirse por normas. Pero los votantes no tenemos que esperar una sentencia judicial para decidir nuestro voto. El ejercicio de la libertad de elección en democracia permite a los ciudadanos elegir a candidatos condenados o imputados e incluso elegir a candidatos cuyo programa electoral propone el incumplimiento de las leyes. Nada ni nadie puede impedir a unos ciudadanos presentarse y a otros elegirlos aún en esos supuestos.

La insistencia de los medios en darnos puntual cuenta de la situación judicial de nuestros políticos, parece estar relacionada con la necesidad que tenemos de esa información para tomar una decisión sopesada en las elecciones que se avecinan. No son los estados procesales de nuestros políticos los que determinan nuestra opinión, son sus actos de sobra conocidos a través de los medios los que conforman nuestra posición a la hora de votar. La democracia no es un sistema judicial, es un sistema de opinión pública.