EL Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso del Gobierno contra el decreto-ley de la Junta de Andalucía que preveía la expropiación de viviendas vacías en poder de los bancos y ha anulado los aspectos de la norma que, a su juicio, invaden competencias de la Administración central en esta materia. El pleno del alto tribunal, que vela por la constitucionalidad de las leyes y decretos, propina un varapalo a uno de los proyectos estrella del Gobierno bipartito andaluz (PSOE e IU) que dirigió la comunidad autónoma entre 2012 y 2015, auspiciado por la coalición izquierdista como instrumento contra los desahucios y a favor del cumplimiento de la función social de la vivienda. La sentencia, que cuenta con los votos particulares de cuatro de los magistrados del alto tribunal, acepta las razones de urgencia esgrimidas por el Gobierno autonómico para legislar por decreto en materia de vivienda, pero considera, sin embargo, que la expropiación contemplada por la norma andaluza invade la competencia exclusiva que tiene el Estado en la "coordinación de la planificación general de la actividad económica" por restringir el derecho de propiedad. El fallo anula, pues, la voluntad de la Junta de imponer al propietario de una vivienda vacía -en este caso, las entidades financieras- "el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico". La expropiación, lesiva para el derecho de propiedad, solamente podría establecerse por ley, en cualquier caso reservada al Estado, que dispone de dicha competencia. Hay que señalar que con posterioridad al recurso ahora fallado la Junta elaboró y aprobó una Ley de la Función Social de la Vivienda con el mismo contenido, que también ha sido recurrida por el Gobierno de la nación. Es seguro que este segundo recurso surtirá el mismo efecto que el relativo al decreto-ley: su anulación por la invasión de competencias de la que se acusa a la Junta de Andalucía. De este modo, la política contra los desahucios y de sanción a los bancos poseedores de casas vacías, que IU se empeñó en poner en práctica con la aceptación final del PSOE, queda desautorizada por el Tribunal Constitucional. Su recorrido acaba, pues, aquí, ya que no es previsible que el nuevo Gobierno andaluz, monocolor, vaya a mantener la misma posición sobre el asunto, a pesar de que la consejera en funciones de Medio Ambiente -que recibió las competencias sobre vivienda tras la ruptura del Gobierno bipartito- solicitó ayer a Mariano Rajoy que retire el recurso contra la ley y "se ponga del lado de las personas vulnerables". Una salida puramente demagógica que no va a producir ningún avance contra los desahucios.