LA EPA del II Trimestre ha traído algunas buenas noticias como la confirmación de que la creación de empleo se consolida aunque su calidad siga siendo deficiente. Pero hay un dato que se repite desde hace tiempo y que no ocupa titulares aún cuando nos muestra un país con una situación financieramente insostenible a largo plazo. Me refiero al hecho de que la mitad de los españoles recibe rentas del estado. Tampoco es una cuestión menor que menos del 50% del censo (22,9 millones) se consideren activos, es decir que están en edad y disposición de trabajar.

Al desglosar las cifras de la EPA del I Trimestre vimos como la suma de funcionarios (2,9 millones), pensionistas (9,3 millones) y parados con prestación por desempleo (2,4 millones) era superior en unas cien mil personas a los trabajadores del sector privado (14,5 millones). La situación ha variado ligeramente en la del II Trimestre ya que la creación de 400.000 puestos de trabajo ha hecho que la nómina privada llegue hasta los 14,9 millones mientras que el mantenimiento del empleo público, la bajada del número de parados con prestación y el aumento de pensionistas deja la pública en 14,4 millones de personas. Aún así, el panorama que se nos presenta no es nada halagüeño a medio plazo si no se le pone remedio mediante políticas que aviven la actividad y la iniciativa privadas. Todos sabemos que la financiación de las rentas públicas proviene de la riqueza generada por el sector privado y que los impuestos directos abonados por los empleados públicos constituyen a efectos reales un menor gasto del estado aunque lógicamente, supongan una contribución personal de funcionarios, pensionistas y desempleados.

El problema es de fondo porque afecta a la propia estructura de las finanzas públicas. La población ocupada ronda los 18 millones de personas, una cifra nada desdeñable pero inferior a los 20 anteriores al estallido de la crisis. Si España no alcanza al menos ese volumen a corto o medio plazo, creando empleo de forma intensa y sólida, nuestra estructura poblacional devendrá en financieramente insostenible. Las razones son diversas; en primer lugar resulta poco creíble que cada trabajador del sector privado sea capaz de generar riqueza suficiente para que, mediante los impuestos recaudados por la misma -renta, IVA, sociedades, etc.- el estado pueda abonar su salario a un funcionario, pensionista o parado. Además hay que tener en cuenta que la retribución media de un empleado público es superior en un 30% al del sector privado -lo que es lógico teniendo en cuenta que la capacitación exigida en las Administraciones Públicas es mayor a la de la actividad privada tomada en su conjunto- y que los pensionistas que se incorporan al sistema han generado derechos que hacen que sus pensiones sean más altas que el salario medio de quienes trabajan.

Ante esta situación sólo hay una manera de reaccionar responsablemente que es la de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, del sistema de pensiones y del propio estado de bienestar ajustando ingresos y gastos mediante un incremento sostenido de la actividad privada. Otra posibilidad, en absoluto recomendable, es la de acusar a quienes alertan del problema de ser unos peligrosos neoliberales que sólo buscan acabar con el estado de bienestar. Y por último, como en esta vida todo puede empeorar, está la de quienes abogan por aumentar el tamaño del estado, incrementar la plantilla de empleados públicos y subir las pensiones, haya o no recursos para ello, porque todo es cuestión de voluntad política tal y como, sirva de aviso a navegantes, están experimentando en Grecia.

Pretender que un país en el que la mitad de la sociedad depende financieramente del estado sea capaz de generar un futuro económicamente competitivo donde la riqueza y el bienestar lleguen a todos los ciudadanos es, más que una quimera, una irresponsabilidad. Varias de las razones por las que creamos empleo de modo rápido e intenso durante las épocas de bonanza y nos transformamos en una trituradora de empresas y trabajadores en los de recesión es la enorme dependencia que nuestra economía tiene del estado, la excesiva regulación de todos los mercados, la absoluta capacidad normativa de cualquier institución estatal, autonómica o municipal y la presencia del estado como un agente más del mercado que acaba siempre distorsionándolo con el manido y populista argumento de que actúa por el bien de todos. Nuestra historia es la de un país de capitalismo áulico en el que las grandes decisiones económicas, corrupción mediante o no, siempre acaban dependiendo de la voluntad política del momento.

Pero el problema está ahí y se va a ir agravando si no se actúa con previsión y sentido de estado. Podríamos seguir haciendo equilibrios en el alambre unos cuantos años pero es imprescindible que desde los poderes públicos se actúe con la responsabilidad exigible a un estadista -que es quien piensa en las próximas generaciones- y no con el discurso vacío y populista de los políticos al uso, que son los que únicamente buscan ganar las siguientes elecciones.