SI fuéramos estadounidenses, no sólo oiríamos anuncios electorales en la radio del coche mientras nos acercábamos a votar, sino que en la misma puerta del colegio, algún voluntario nos entregaría propaganda y nos animaría a apoyar a su candidato. E incluso, cuando volviéramos a casa, es posible que sonara nuestro teléfono y una voz que se identificaría como la de un miembro del equipo de campaña de tal o cual partido, insistiría en lo bueno que sería que diéramos nuestra confianza para cualquier cargo en liza a fulano, mengano, zutano o perengano que allí se conocen como Tom, Dick y Harry. Y es más, veríamos normal que cuando en Hawai estuvieran abriendo los colegios, casi habría encuestas a pie de urna con los resultados de los estados de la Costa Este. Y no pasaría nada.

Pero somos españoles y votamos en España. Nuestra Ley Electoral nació en plena Transición política cuando la jornada de reflexión, la publicación de encuestas o resultados y otra serie de prevenciones eran muy aconsejables para evitar viejos vicios como la compra de votos, las manipulaciones del censo, el voto de los fallecidos aún censados, la aparición de algún mandamás en un colegio con una saca de sobres para introducir en las urnas y tantas otras artimañas habituales en los pocos períodos en los que este país disfrutó de democracia y que se resumen en una frase -atribuida a Pío Cabanillas y quizá apócrifa- tan cínica como esta: hemos ganado, pero aún no sabemos quiénes.

En estos cuarenta años de democracia han gobernado tres partidos distintos -UCD, PSOE y PP-, se han producido cuatro traspasos correctos y pacíficos en el gobierno nacional y centenares o miles en los autonómicos y municipales sin que se recuerde ningún incidente digno de mención. Además, el mundo ha cambiado a una velocidad desconocida. Hemos pasado de la pegada de carteles y los coches con un megáfono atornillado a la baca, a los debates en televisión y las redes sociales. Y sin embargo sigue vigente la misma norma anticuada y fuera de la realidad social. Quien este fin de semana haya seguido twitter o cualquier otra red social comprobaría que el respeto a la jornada de reflexión es inexistente. No sé si la Junta Electoral será adicta a las nuevas tecnologías pero como aplique la norma va a estar sancionando tuiteros hasta las próximas elecciones. Por todo ello, lo lógico será cambiar la Ley Electoral y dejarnos de antiguallas.