EL proyecto de la consejera de Educación, Teresa Jiménez, de adelantar una semana el inicio del curso escolar ha sido recibido con una neta división de opiniones: los profesores se oponen y los padres de alumnos la apoyan. Los que se oponen avisan de que lo harán con energía: los sindicatos docentes amenazan con movilizaciones si la iniciativa sigue adelante.

¿Y tanto jaleo por una semana? Pues sí, porque no se trata de una semana cualquiera. Si las clases comienzan, como quiere la Junta, en Infantil y Primaria, el 7 de septiembre, en lugar del 15, eso quiere decir que los enseñantes habrán de incorporarse más pronto a los centros, seguramente durante los últimos días de agosto, para preparar el curso. A pocos le gustaría romper el mejor mes de vacaciones familiares, sobre todo después de toda una carrera profesional y laboral disfrutándolo.

A las asociaciones de padres, tanto laicas como confesionales, les pasa lo contrario. Con el cambio pretendido por la Consejería los padres de alumnos no se encontrarían con el marrón de volver al trabajo mientras los niños no tienen todavía clases, es decir, con la necesidad de endosárselos a los abuelos y canguros o hacer equilibrios horarios entre el hogar y el empleo, no siempre posibles. Si el curso se inicia el 7 de septiembre, mejor para ellos. Podrán conciliar la vida familiar y la laboral, que es el objetivo perseguido expresamente por la Junta.

Dicho de otro modo, se pretende la conciliación del trabajo de los padres con el curso de los hijos... a costa de la conciliación de las vacaciones de los maestros con las de sus familias. Creo que si la sociedad fuera consultada sobre este dilema, se decantaría por la opción de la Junta. Más vale, dirán muchos, que se fastidie la minoría que la mayoría. Bien es verdad que los enseñantes tienen muchos motivos de queja y éste del calendario escolar renovado sería uno más.

Si el interés corporativo de los enseñantes ha de subordinarse al interés general, hágase. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que esos días de preparación del curso de final de agosto y principios de septiembre requieren la presencia y el trabajo del profesorado (organización de las aulas, comedor escolar, distribución de materias y horarios, creación de grupos...), pero también la de la Administración educativa, que ha de solucionar los inevitables problemas de intendencia, provisión de plazas, reformas de los colegios y demás.

¿Está dispuesta la consejera de Educación a obligar a los funcionarios, a los delegados provinciales y a sí misma a interrumpir también sus vacaciones antes de que acabe el sagrado mes de agosto político-administrativo? Buena pregunta.