EN España, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, hay en torno a 3,8 millones de personas con alguna discapacidad, el 8,5% de la población, de las que casi el 60% son mujeres. Hay que destacar que el 82% de las personas que tienen dificultades para realizar las actividades cotidianas reciben alguna ayuda técnica o personal. En 2008 en España recibieron servicios socio-sanitarios medio millón de personas más que en 1999, lo que pone de manifiesto que la Ley para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia está cumpliendo en gran medida sus objetivos. La Ley ha supuesto un gran avance en el reconocimiento de derechos subjetivos, particularmente los derechos de las personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia a ser atendidos. Hablamos de más de 800.000 personas beneficiarias con derecho a prestación a uno de diciembre de 2009.

Para el Gobierno y para el Grupo Socialista atender a las personas en situación de dependencia y a sus familias es una prioridad, pero no es suficiente. Entendemos que hay que promover los derechos y el bienestar de estas personas, incidiendo en todos aquellos obstáculos que dificultan su integración real y efectiva en todos los aspectos de la vida, educativo, laboral, social y político. Para ese fin el Gobierno ha puesto en marcha, en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo fundamental es impulsar la autonomía de las personas con discapacidad. El plan cuenta con un presupuesto de dos mil quinientos millones de euros para 2009, e interviene en una doble dirección: sobre los sistemas de protección social y políticas públicas en general, y sobre las personas con discapacidad, especialmente las mujeres.

Este plan de acción se basa en los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, normalización y vida independiente, participación e integración, igualdad entre mujeres y hombres, accesibilidad universal y diseño para todos y todas, diálogo con la sociedad civil y transversalidad y cooperación institucional. El plan establece medidas dirigidas a la permanencia de las personas con discapacidad en el proceso educativo y su presencia y participación en todos los ámbitos sociales, e interviene en materia socio-sanitaria, incidiendo en la prevención de los abusos y violencia que se ejerce sobre las personas con discapacidad.

La creación y el mantenimiento del empleo para las personas con discapacidad es otra de las áreas de intervención del plan de acción. En España hay un millón cuatrocientas mil personas con discapacidad en edad laboral que tienen especiales dificultades para acceder al empleo, en particular las mujeres. El Plan recoge las medidas incluidas en la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad (2008-2011), que incide en todos los obstáculos que están dificultando la integración laboral de los discapacitados. En estos momentos de crisis que está incidiendo particularmente en la destrucción de empleo, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas extraordinarias para el fomento del empleo y el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, que dan actualmente trabajo a más de 54.000 personas. El objetivo es evitar la pérdida de empleo en un sector tan vulnerable. El III Plan va en la línea de lo establecido en la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en nuestro país el tres de mayo de 2008, y que pretende asegurar la plena inclusión de estas personas en la sociedad, debiendo para ello eliminar toda barrera o restricción material y mental que impidan su participación efectiva en la misma. En España hemos conseguido importantes logros pero tenemos que seguir avanzando en la línea de lo establecido por la Convención de la ONU, a la vez que seguimos apoyando, a través de la cooperación internacional al desarrollo, a los 650 millones de personas con discapacidad que existen en el mundo.

Muchas de estas personas, tal como nos recuerda la ONU, "siguen encontrando obstáculos para participar en sus comunidades, y a menudo se ven forzadas a vivir al margen de la sociedad. Con frecuencia están estigmatizadas y discriminadas, y suelen verse privadas de derechos básicos como el derecho a la alimentación, la educación, el empleo y el acceso a servicios sanitarios y de salud reproductiva. Muchas personas con discapacidad también son internadas en instituciones contra su voluntad, lo que constituye una vulneración directa del derecho a circular libremente y el derecho a vivir en la comunidad propia". Es necesario seguir trabajando a nivel internacional, e integrar a las personas con discapacidad en todas las actividades. Sólo mediante la inclusión de las personas con discapacidad y sus familiares será posible alcanzar los objetivos propuestos.