EL Ayuntamiento de Granada, rompiendo una larga tradición de consenso, ha concedido con los únicos votos del Partido Popular una plaza al escultor Francisco López Burgos. Supongo que es justa. La ciudad es generosa con los escultores y tallistas hasta extremos delirantes. Basta con dar un paseo por la Avenida de la Constitución y examinar las obras allí colocadas para comprobar la indulgencia que emplea el PP con buena parte del círculo de cinceladores locales. Un criterio ligeramente equitativo no habría perdonado ciertas estatuas, pero si aplicamos el promedio a la obra de López Burgos (o a los méritos de otros ciudadanos no artistas que tienen calle propia) no hay argumentos para oponerse. Que López Burgos sea el autor del monumento a Primo de Rivera que sobrevive incomprensiblemente frente a la sede del Consejo Consultivo de Andalucía tampoco es una razón eliminatoria decisiva. Haber prosperado en el franquismo o haber contribuido a la apología del dictador o de su círculo con vasallajes personales es un problema que atañe solo a la conciencia del panegirista.

Sin embargo, la distinción concedida por el Ayuntamiento a López Burgos no es un reconocimiento al uso sino una afrenta: esconde un propósito desestabilizador y revanchista. Y en ese sentido me uno a la protesta manifestada por el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura. Dicho de otro modo, no es la concesión de la plaza a López Burgos lo que ofende sino la intención con que el PP, y más en concreto su presidente, Sebastián Pérez, han contaminado el supuesto honor. Pérez ha utilizado la concesión de la plaza a López Burgos para vengarse ideológicamente de quienes han reclamado la retirada de la escultura de Falange. Como no la puede colocar dos veces, se ha inventado la concesión de la calle. No me cabe duda de que la intención última del PP es todo este lamentable espectáculo es agraviar a los que exigen, ley en mano, borrar el monumento a Falange. La víctima colateral ha sido en este caso López Burgos, su familia y su memoria.

Si yo fuera escultor me andaría con mil ojos no fuera que un homenaje o un encargo dinamitira mi reputación y arruinara para siempre mi carrera. Ahí está, sin ir más lejos, la manipulación no menos infame a que está siendo sometida la obra de Eduardo Carretero. El Ayuntamiento pretende colocar en el cementerio su Piedad, una escultura religiosa, pero no por capricho sino para saltarse a la torera la obligación de poner una placa las tapias del cementerio en memoria de miles de fusilados en 1936. El buen artista que es Carretero se ha convertido de pronto en rehén de una guerra que no es la suya y su obra, la Piedad, en un pretexto ideológico deplorable.