En los últimos meses el entorno urbano de Motril ha sido objeto de diversos actos vandálicos que han atentado contra su mobiliario y a la vez contra su imagen. Pero el Ayuntamiento está dispuesto a acabar con ello bajo la premisa de que 'Quien rompe paga', y con ese lema ha puesto en marcha una campaña destinada a vigilar y castigar este tipo de comportamientos, así como la falta de control sobre las actividades que realizan las mascotas en la vía pública.

La campaña contempla la distribución de cartelería por todo el municipio concienciando sobre la necesidad de respetar la Ordenanza Municipal de Convivencia y advirtiendo de las multas que contempla el no hacerlo. Asimismo, se intensificará la labor de control por parte de la Policía Local, que a través de agentes de paisano intentará sorprender in fraganti a los infractores.

Según el concejal de Seguridad, Manuel Ballesteros, el Consistorio está dispuesto a aplicar "sin ningún reparo" la Ordenanza de la Convivencia, que contempla multas de hasta 3.000 euros en el caso de las infracciones muy graves, hasta 1.500 para las graves, y hasta 300 euros para las leves. Todo ello, sin perjuicio de que quien sea sorprendido deteriorando estos equipamientos repare los daños causados de su propio bolsillo.

Son infracciones muy graves romper, incendiar, arrancar o deteriorar relevantemente equipamientos e infraestructuras públicas, así como realizar pintadas en la señalización o dañar gravemente árboles de los espacios públicos. Entre las faltas graves entra el realizar pintadas en bienes públicos, deteriorar mobiliario urbano -incluidas papeleras y fuentes- o causar daños en plantas o árboles de los jardines. Las infracciones leves son aquellas que no entran en las categorías anteriores.

Desde junio hasta diciembre de 2011 el Ayuntamiento interpuso 418 denuncias por actos de vandalismo y otras conductas inapropiadas. 272 de ellas fueron por vulnerar la Ordenanza Municipal de la Convivencia y 146 por infracciones a la ley estatal 1/92.

La campaña del Ayuntamiento no sólo se centra en los comportamientos vandálicos, sino también en el control de los perros en la vía pública por parte de sus propietarios, con infracciones que pueden alcanzar los 500 euros. No sólo en lo referente a los excrementos que puedan dejar en las calles, sino también a que no vayan sueltos y a que beban en las fuentes públicas.