Los alcaldes de los municipios granadinos de Órgiva y Soportújar, María Ángeles Blanco y José Antonio Martín, y el diputado provincial socialista Manuel Megías, afirmaron ayer que la reestructuración de los partidos judiciales propuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que implicaría que Motril acogiera las sedes de Almuñécar y Órgiva, "provocará la despoblación de los pequeños núcleos" de la Alpujarra y el "envejecimiento de los pueblos".

Los tres socialistas acudieron a los juzgados de Órgiva, donde la edil local señaló que no se entiende "cómo un servicio que se viene prestando desde hace tanto tiempo nos lo quieren suprimir" y lamentó que "en lugar de acercar los servicios nos los pretenden alejar, lo que supondría no sólo un gasto económico sino que también hace que los pueblos pequeños que vivimos del sector servicios se vayan despoblando y envejezcan".

Añadió que el Gobierno debería replantearse la medida. "En Órgiva contamos con el proyecto del nuevo Palacio de Justicia acabado y con los terrenos cedidos y no sabemos lo que va a ocurrir. Rechazamos rotundamente que quieran desmembrar los territorios", insistió.

Manuel Megías destacó que el caso de Órgiva "es de los más significativos ya que está ubicado en uno de los territorios que se verían más perjudicados".

El diputado explicó que la zona cuenta con unas difíciles comunicaciones "y tal y como está programado este decreto, el tener que desplazarse hasta Motril incluso haría que muchísimos ciudadanos no pudiesen cumplir el espíritu de la modificación, el de que todos los habitantes estuviesen a menos de una hora, ya que hay localidades que se encuentran más alejadas, lo que supondría un grave perjuicio".

El alcalde de Soportújar, José Antonio Martín, aseguró que las medidas van "justamente en la dirección contraria, porque si suprimimos estos servicios agravaremos el problema de la saturación de los juzgados".

"En la Alpujarra las distancias son importantes y si alejamos los juzgados pondremos más dificultades a la gente, además de la supresión de puestos de trabajo que ello conllevaría", sostuvo.

La medida ha suscitado el rechazo en otros municipios de la provincia. En Santa Fe el equipo de gobierno, del PSOE, elevará al próximo pleno una moción en defensa de la autonomía del partido judicial de Santa Fe, en el que se engloban de doce municipios de la Vega granadina.

La moción alerta de que la propuesta de reducción se basa en criterios "puramente economicistas", genera "un claro perjuicio en cuanto a la proximidad y cercanía de la administración de justicia al administrado" y resta eficiencia "al constituir órganos de mayor volumen y generar más saturación". Proponen soluciones "menos traumáticas", como dotar de más recursos técnicos a las nuevas sedes judiciales.