Anulada por exceso de edificación la licencia de un edificio ya terminado en Cerro Gordo

El Ayuntamiento permitió que se construyeran diez viviendas donde sólo se preveían dos

S. S. / Almuñécar, almuñécar | Actualizado 10.07.2008 - 05:01
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El Ayuntamiento de Almuñécar acordó en el último pleno la anulación de una licencia de obras otorgada hace tres años para la construcción de diez viviendas en Cerro Gordo, donde según las normas urbanísticas sólo podían construirse dos. El edificio ya se encuentra terminado, por lo que la medida podría derivar en su derribo parcial y en el posible pago de indemnizaciones con cargo a las arcas municipales.

La licencia para construir el conjunto de viviendas en Cerro Gordo fue concedida por la Junta de Gobierno Local a la promotora Estel-Sud el 12 de julio de 2005. Según denunció el grupo municipal de IU, un año después, el 25 de julio de 2006, el órgano municipal aprobó una modificación del proyecto "dándose permiso para construir diez viviendas en una parcela que, según la Junta de Andalucía, sólo permite construir dos".

En el pasado pleno, celebrado el 3 de julio, se acordó anular la licencia de obras a petición de la administración autonómica, "que considera la licencia contraria al PGOU de Almuñécar, y que sólo ha tenido los votos a favor de Convergencia Andaluza", según el portavoz de IU, Fermín Tejero. El edil explicó que la intervención de la Junta se produjo un año después, "y sólo porque una vecina denuncia las obras".

"Esta vecina denuncia que, además, las obras no cumplen la ordenanza residencial extensiva XIII, porque frente a los 6 metros de altura máxima se está levantando un 'mamotreto' de 15'", señaló Tejero, quien considera "lamentable que tengan que ser vecinos afectados los que denuncien irregularidades urbanísticas, mientras que los concejales de la oposición han optado en numerosas ocasiones por el silencio".

La coalición de izquierdas denunció, además, la "dilación injustificada del Ayuntamiento" ante la solicitud de documentación por parte de la Junta, que tuvo que requerirla en reiteradas ocasiones. Para Fermín Tejero, la documentación "se podía haber enviado siete meses antes".

Según el portavoz de Izquierda Unida, el promotor actuó conforme a la ley, ya que "la construcción se hizo con una licencia perfectamente legal", por lo que "hay dos grupos de perjudicados: de un lado, los ciudadanos que han comprado las viviendas pensando que eran legales; de otro lado, los contribuyentes, dado que si el acuerdo del pleno sigue sus pasos legales las viviendas tendrían que ser derribadas y los propietarios indemnizados con cargo a nuestros impuestos".
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