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El Defensor actuará de oficio ante el deterioro de las praderas de posidonia

  • Afirma que la situación se está "agravando" por la falta de vigilancia por los recientes despidos

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, ha abierto un actuación de oficio al tener conocimiento del deterioro que están sufriendo las praderas marinas de posidonia oceánica del paraje natural Maro Cerro-Gordo, en la costa mediterránea, entre Nerja (Málaga) y Almuñécar (Granada). Según los datos del Defensor, esta problemática está motivada por la acción de barcos de arrastre y la pesca furtiva, que podrían causar "graves" daños a esos fondos.

La institución asegura ser consciente de la "preocupación" de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la conservación de ésta y de otras praderas de posidonia oceánica en el Mediterráneo andaluz, como lo atestigua el proyecto aprobado por la Comisión Europea LIFE+ para la conservación de las praderas de posidonia oceánica en el litoral andaluz, al objeto de "frenar la pérdida de este ecosistema clave en las costas mediterráneas andaluzas".

Este proyecto, que comenzó a desarrollarse en 2011, tenía como objetivo general asegurar la conservación a largo plazo de las praderas marinas andaluzas, aplicando medidas de protección y dando a conocer a las personas, sobre todo a los habitantes de la costa, la importancia que las praderas marinas tienen para su calidad de vida y desarrollo sostenible.

Aunque se han formulado distintas denuncias, "no han tenido consecuencias para terminar con estas prácticas ilegales que tanto daño están haciendo a estos fondos de alto valor ecológico". Además, señala la Defensoría que la situación, "lejos de controlarse, se está agravando por la falta de vigilancia de quienes hasta tiempos recientes llevaban ésta al haberse despedido recientemente a los vigilantes que, por cuenta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, llevaban a cabo esta labor".

Subraya el Defensor que parece ser que el proyecto aprobado y financiado en gran parte por la Unión Europea va a tener "serias dificultades", al menos en lo que se refiere a este paraje, para cumplir sus objetivos de identificar el estado actual de las praderas andaluzas y su tendencia.

A la vista de ello, y dadas las competencias que, de acuerdo con el artículo 57 del Estatuto Andaluz corresponden a la comunidad autónoma en el ámbito de la protección del medio ambiente, la institución ha iniciado una actuación de oficio dirigiéndose a la Consejería "para conocer si tienen conocimiento de los hechos y, en su caso, las medidas que hayan adoptado para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto europeo mencionado".

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