El gobierno del PP en Motril ha sacado adelante una batería de modificaciones del actual Plan General de Ordenación Urbana que supone, según la asociación ecologista Buxus, "la supresión de los mecanismos de control existentes sobre las construcciones e instalaciones en el medio rural y natural del municipio a la vez que permite la legalización de las ya existentes" y "un auténtico terremoto que va a significar la desestructuración del territorio municipal contra el que la que hemos presentado alegaciones".

A partir de ahora, podrá implantarse cualquier actividad en cualquier punto del municipio mediante la flexibilización del mecanismo de Declaración de Utilidad Pública, "un subterfugio legal de carácter excepcional del que el Ayuntamiento viene abusando para la implantación de actividades tan variopintas como pistas de pádel o plantas de tratamiento de escombros, mientras los suelos destinados a equipamientos o actividades industriales permanecen sin desarrollar", asegura la organización.

Los ecologistas creen que "el verdadero objeto de la norma es abrir la puerta a la legalización de los talleres, aparcamientos y almacenes ilegales situados en la vega de Motril. En la misma línea se ha modificado la normativa para evitar la disciplina urbanística contra los invernaderos construidos en suelos no permitidos".

Según Buxus, "el Ayuntamiento premia a los infractores y penaliza a los ciudadanos que, cumpliendo la ley, han desarrollado sus actividades y sus negocios en los suelos habilitados para ello, pagando precios e impuestos muy superiores a estos". El colectivo ecologista critica además la segunda parte de la norma, que amplía la zona donde se permite la construcción de invernaderos en algo más de 6 millones de metros cuadrados.