La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT va a impugnar el convenio colectivo de la empresa Limdeco Exteriores, responsable de la limpieza viaria en Motril, ya que el acuerdo alcanzado a principios de este mes "perjudica claramente" a los aproximadamente 160 trabajadores que están en estos momentos en plantilla. A esta impugnación se ha sumado uno de los delegados de CSI.F en dicho comité.

Los motivos de esta impugnación, explican desde UGT, son tanto formales como de fondo. Y es que el acuerdo firmado "se hizo sin la constitución de la comisión negociadora del IV Convenio y no se citó en ningún momento a los dos miembros del comité de empresa que promueven esta impugnación". "Pero además -añaden desde el sindicato-, el acuerdo firmado, a juicio de UGT, supone un convenio a la carta renunciando a derechos laborales adquiridos en anteriores convenios". De hecho, con el actual convenio "se permite a la empresa bajar los sueldos a los trabajadores de forma unilateral, se rebaja el sueldo a unos trabajadores y otros no realizando las mismas funciones, se están amortizando puestos de trabajo (unos 40 hasta la fecha), aumentando las jornadas laborales, y se anula una sentencia del TSJA de obligado cumplimento por la que los trabajadores disfrutaban de las tablas salariales del Convenio Provincial de 2006, que significaba subidas salariales".

Por todo ello, los representantes sindicales solicitarán la nulidad del IV Convenio Colectivo de la empresa Limdeco Exteriores en su totalidad o en todas aquellas condiciones que contradigan la sentencia del TSJA, asegurando que "se han tomado decisiones que no han contado con el acuerdo de la totalidad de los miembros del comité de empresa, por lo que carecen de validez". Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de la empresa de limpieza Limdeco, José García Fuentes, se refirió a este acuerdo como "la mejor solución para garantizar la continuidad de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo y su carácter público". Asimismo apuntó a que detrás de esta decisión de impugnar pueden existir intereses que no se ciñen a los derechos de los trabajadores.