La Diputación, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno han acordado coordinar las actuaciones que van a llevar a cabo las distintas administraciones en las zonas afectadas por el incendio de Lújar. Así lo decidieron ayer en la reunión a la que asistieron el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, la delegada del Gobierno andaluz, Sandra García, el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, la diputada provincial de Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, y representantes de los municipios que se vieron afectados por el fuego: Lújar, Gualchos-Castell, Rubite, Vélez de Benaudalla y Motril.

Los lazos creados permitirán poner en común a los técnicos de la Oficina Comarcal Agraria de Motril con los técnicos municipales para realizar una valoración exhaustiva de los daños. Después habrá que solicitar al Gobierno central que apruebe un decreto de emergencia por incendio. Por su parte, la institución provincial prestará asistencia técnica a los ayuntamientos para realizar dicha valoración, según señaló José Entrena.

La reunión fue impulsada por el presidente de la Diputación, quien se comprometió en Lújar a promover un encuentro institucional para coordinar las actuaciones de las distintas administraciones. En el encuentro, Entrena propuso a la Junta y a la Subdelegación solicitar un Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) especial para regenerar el monte afectado por el fuego.

La institución provincial, además de prestar asistencia técnica a los ayuntamientos, asumirá la reparación de la carretera que va de Lújar a Motril, que es de titularidad provincial, así como la reparación de caminos. A su vez, la Junta, que ya ha aprobado la declaración de urgencia para actuaciones en la zona dañada por el incendio, destinará 345.000 euros para labores de corrección hidrológica de los cauces públicos afectados por el fuego.

En este sentido, Sandra García explicó que los informes realizados advierten de la necesidad de corregir los riesgos erosivos generados que podrían ocasionar pérdidas de suelo importantes y arrastres de sedimentos. Eso supondría un riesgo para las personas, infraestructuras y otros bienes materiales.

A su vez, el subdelegado del Gobierno informó de que las ayudas procedentes del Estado van dirigidas a aquellas unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales, en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad. Santiago Pérez también explicó que las ayudas están destinadas a las corporaciones locales, para hacer frente a los gastos de emergencia realizados.