Asaja Granada han instado a la administración autonómica a que se preocupe por los daños a los agricultores y ganaderos y propietarios forestales de Lújar exonerándoles del pago de las tasas a los bomberos y habilitando una línea de ayudas específicas que ayude a la regeneración de los terrenos forestales, agrícolas y ganaderos calcinados por el incendio y minimice pérdidas. Piden, igualmente, que el Gobierno central conceda ayudas para reposición de plantas o reducción de impuestos.

Asimismo, demandan un cambio en la política de conservación de montes que retome el aprovechamiento de sus recursos (madera, resina, setas, corcho, plantas aromáticas, trufas, biomasa…) como modo de evitar su abandono y el incremento de la vegetación incontrolada que actúa como combustible forestal. Desde Asaja afirman que la rentabilidad del monte mediterráneo es la mejor y más efectiva labor de prevención contra los incendios forestales.

Asaja recuerda que el incendio de Lújar ha sido el más devastador desde el año 2005 en la provincia, con 2.000 hectáreas quemadas (el 80% del municipio), de las cuales más de 1.500 pertenecen a particulares, nada menos que el 75% de la superficie que ardió, no solo monte sino también fincas y cultivos, invernaderos, así como algún negocio turístico. El daño medioambiental es de gran magnitud. Se han quemado unas 900 hectáreas de laderas arbustivas y con encinares en la cara Sur de la Sierra de Lújar que no volverán a su estado anterior hasta dentro de 10 o 20 años y ha desaparecido un alcornocal, en la zona centro, de alto valor ecológico (unas 300 hectáreas) por la diversidad de especies que albergaba tanto de flora como de fauna (el mayor de la provincia de Granada junto el del Haza del Lino): lentiscos, enebros, olivillas, aladiernos, manchas de jaras y brezos, palmitos, pinos carrascos e incluso algún quejigo, así como un catálogo impresionante de setas.

La recuperación del monte es una tarea prioritaria a la que deben aportarse recursos económicos elevados, así como a labores de prevención como la contención de la erosión o realización de desbroces que actúen de cortafuegos, pero la Juntano debe minimizar el hecho de que los afectados, cerca de 500, son también damnificados que han visto arder sus viviendas y perdido sus cosechas y que el pago de las tasas de incendios a la que se ven obligados es injusta al no ser causantes del incendio.