El Ayuntamiento de Atarfe adeuda más de 14 millones de euros por una sentencia firme, a los que se podrán sumar otros seis millones por contenciosos actuales que no incluyen la responsabilidad civil subsidiaria que pueda derivarse de los actuales juicios por delitos urbanísticos. La Audiencia de Granada devolvió esta semana al Juzgado de Instrucción 4 la causa por la macrourbanización Medina Elvira de Atarfe, un frustrado complejo de lujo con viviendas y un campo de golf, para que determine si el Ayuntamiento y las entidades bancarias son responsables civiles subsidiarios en la causa.

El juez instructor tendrá que decidir ahora si el municipio y su actual equipo de Gobierno de Por Atarfe Sí (PASI), en minoría en el Ayuntamiento, tendrá que responder a unas pérdidas valoradas en unos mil millones y que afectan a cerca de un millar de viviendas que carecen de servicios básicos. Hasta ese pronunciamiento y el proceso judicial que le seguirá, el Ayuntamiento de Atarfe deberá afrontar una deuda de 14 millones por sentencia ya firme, junto a otros seis millones de litigios pendientes de fallo judicial, según detalló el Ayuntamiento.

La concejal de Urbanismo y Vivienda de Atarfe, Rosa María Félix, explicó que a la deuda por esta sentencia se suman los números rojos con los bancos y otros alrededor de 30 millones por convenios urbanísticos, junto a reclamaciones patrimoniales, expropiaciones sin pagar y facturas sin consignación presupuestaria.

El alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, remitió el mes pasado un escrito al juzgado de lo Contencioso Administrativo como respuesta a otro en el que pedía al Ayuntamiento que ejecute la sentencia que lo condena a pagar casi cuatro millones a la Diputación de Granada por las obras del corredor verde que inauguró en 2007 el exalcalde Víctor Sánchez (PSOE).

"Si se eliminan excesos de edificación que se acordaron durante años anteriores, los promotores pueden pedir ahora que paguemos los convenios", adelantó Félix, que subrayó que el Ayuntamiento trabaja para evitar que sus vecinos paguen "desmanes urbanísticos anteriores y una sangría" de planificación.