El secretario general del PP de Motril, José García Fuentes, anunció ayer la moción que el Partido Popular llevará al Pleno del Ayuntamiento de Motril para su aprobación, que consiste en la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora por la Tasa de Servicios Urbanísticos, en concreto, lo referente a la expedición de la resolución administrativa de la declaración en situación legal de "edificación asimilada a fuera de ordenación", es decir, de los expedientes de regularización de los cortijos en el término municipal.

La propuesta consiste en reducir el tipo de gravamen de esta tasa del 5% del valor de la construcción al 3%, es decir, bajar un 40% a todos aquellos propietarios de cortijos ilegales que quieran dar seguridad jurídica a su edificación.

Se trata de un problema urbanístico importante debido a la incertidumbre jurídica y al limbo legal en el que se encuentran las 2.500 edificaciones ilegales que existen en Motril, diseminadas por la Vega, Las Zorreras, Minasierra, Los Tablones, el Llano de la Garnatilla... y que, aunque no se pueden sancionar ni demoler, permanecen en situación de ilegalidad. Para estos casos, la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) permite regularizar su situación mediante una resolución municipal que la declare como edificación asimilada a fuera de ordenación.

Las ventajas que conlleva acogerse a esta figura, son muchas, según el PP. La principal es dar seguridad jurídica y certidumbre a la edificación para que no pueda ser precintada. También permite hacer obras de mejora o contratar los suministros domiciliarios, con la consiguiente revalorización del inmueble. "Lo que se pretende con esta moción, es que los motrileños que quieran acogerse a esta figura para legalizar su edificación puedan hacerlo con el menor coste posible", indicó el secretario general de los populares.

"Se trata de una iniciativa que el propio gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Flor Almón, debería de haber propuesto", criticaron desde el PP.