El juez de instrucción número 7 de Granada ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por la que estaba imputado el anterior delegado provincial de Medio Ambiente y actual alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, por la posible comisión de delitos contra los recursos naturales tras autorizar una nueva captación de agua del río Lanjarón a la empresa Aguas Font Vella y Lanjarón SA, perteneciente a la multinacional Danone.

El archivo de la causa se produce después de que la empresa mercantil renunciara a la concesión que la Consejería de Medio Ambiente autorizó el 28 de septiembre de 2006 para el aprovechamiento de aguas superficiales en el río Lanjarón, una nueva captación que le iba a proporcionar más de 311 millones de litros anuales procedentes del cauce. Esta decisión llevó a la parte denunciante, la Asociación Conservacionista Pescadores del Sur (ACPES), a retirar a su vez la querella que también implicaba a otros seis técnicos de distintos departamentos de la Junta de Andalucía (Cidma), que en su día votaron favorablemente al expediente ambiental de captación para uso industrial en contra de los reparos de informes técnicos.

Por este hecho, el ex delegado de Medio Ambiente y los técnicos tuvieron que declarar como imputados el pasado 11 y 12 de septiembre. Ese día Gerardo Sánchez explicó ante el juez que el citado informe fue emitido con "normalidad" y con un "condicionado muy duro" que motivó, según dijo el pasado mes de octubre, que la empresa Aguas de Lanjarón desistiera del proyecto, informó Europa Press.

En concreto, obligaba a mantener el ecosistema, según sostuvo Sánchez, que tramitó el expediente, aclarando que la decisión de la Comisión Interdepartamental de Medio Ambiente (Cidma), "no era vinculente" y, por tanto, era después la Cuenca Mediterránea -organismo también dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía- la que tenía que resolverlo.

En su día, el colectivo conservacionista de pesca argumentó que el visto bueno otorgado a la empresa Aguas de Lanjarón se produjo en contra de los informes tanto del Parque Natural de Sierra Nevada como del Departamento de Gestión del Medio Natural que advirtieron de "la imposibilidad de otorgar la concesión si, con carácter previo, no se elaboran los estudios que permitieran garantizar el mantenimiento de los procesos esenciales del ecosistema".

Entonces, Sánchez que presidía la Comisión Interdepartamental de Medio Ambiente (Cidma) en la que se abstuvieron al menos tres de sus miembros -por los posibles problemas ambientales que podía generar en el ecosistema del río- apeló "al interés económico y social de la empresa Aguas de Lanjarón.

Fuentes cercanas al caso precisaron ayer que el archivo viene precedido de un acuerdo previo entre las partes en el que la empresa mercantil desiste en octubre pasado -un mes después de que se produjera la declaración ante el juez- de su intención de extraer más agua, circunstancia que lleva a la asociación conservacionista a abandonar la vía de los tribunales "una vez conseguido el objetivo de preservar los recursos naturales y el ecosistema del río Lanjarón".