Provincia

El juez cita como imputados a la constructora y a personal municipal por las obras del trasvase

  • Varios afectados interpusieron una denuncia en el juzgado de Huéscar al considerar vulnerados sus derechos en el proceso de expropiaciones llevado a cabo por la CHG en la Vega del río Castril

El juez ha citado como imputados a personal del Ayuntamiento de Castril y a la empresa constructora tras la denuncia interpuesta por los afectados de las obras del trasvase del río debido a las supuestas irregularidades en la tramitación de las expropiaciones.

Las personas afectadas por estas expropiaciones con motivo de las obras, apoyadas por La Plataforma por la Defensa del Río Castril, interpusieron una denuncia ante el juzgado de Huéscar al considerar vulnerados sus derechos en el proceso de expropiaciones llevado a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la Vega del río.

Según indica la plataforma, estas personas "en ningún momento fueron informadas acerca de cuáles eran las partes de sus fincas afectadas, no aceptaron ni firmaron la propuesta de la Confederación y alegaron contra ella sin recibir respuesta". Además señala que "no estuvo presente en el levantamiento de actas ningún representante municipal", como es preceptivo según la ley de expropiación forzosa, si bien cuando estas actas fueron posteriormente recibidas sí venían firmadas por personal del Ayuntamiento.

Nada de ello fue óbice, según los afectados, para que la empresa entrara en las fincas y "destrozara" los cultivos. Los agricultores denunciaron en el juzgado esta irrupción.

Los perjudicados consideran que ahora el proceso judicial comienza a dar "sus primeros pasos". El juez ha citado a declarar como imputados a personal del Ayuntamiento de Castril y a la empresa que ejecuta las obras. Así, la plataforma espera que se haga justicia ante "tal cúmulo de irregularidades", y más en un momento en que el Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el decreto que amparaba dichas expropiaciones.

Con esta nueva decisión judicial, los afectados esperan "que se ponga freno a la sinrazón", "se paralice definitivamente el trasvase del río Castril", se restituya el daño ocasionado y se indemnice a los agricultores.

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