La Guardia Civil detuvo a cinco empresarios acusados de apropiarse del dinero de concursos públicos de geriatría y asistencia que se adjudicaban, aunque en realidad desentendían sus obligaciones, dejando 34 millones de deuda, 2.000 trabajadores afectados y 750 ancianos sin servicio. Según informaron a Efe fuentes cercanas a la investigación, en la operación fueron arrestados los administradores de las sociedades Instituto Geriátrico Fénix, Grupo BB Serveis y Asistencia Global Centro, y se practicaron siete registros en sus domicilios y empresas, situados en Barcelona capital y en las localidades barcelonesas de Sitges y Sant Cugat del Vallès.

La investigación se inició en junio a instancias del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, tras recibir una querella contra los administradores de estas sociedades, acusados de pertenencia a organización criminal, contra el derecho a los trabajadores, apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito societario.

Los investigadores concluyeron que los responsables de las empresas bajo sospecha constituyeron sociedades franquiciadas del Grupo BB Serveis por toda España, que controlaban desde Barcelona, con las que se presentaban a concursos públicos en ayuntamientos y comunidades para la adjudicación de servicios de geriatría y de asistencia domiciliaria de dependientes.

Sin embargo, una vez que lograban los contratos, los detenidos se desentendían supuestamente de todas sus obligaciones y se preocupaban únicamente de recaudar el dinero de los contratos, sin cumplir con requisitos básicos como los pagos a la Seguridad Social, los tributos a Hacienda y los suelos de los trabajadores.

Los arrestados habían establecido un entramado societario con el que lograron distraer los beneficios obtenidos, en lugar de revertirlos en la sociedad o en los trabajadores. Crearon dicha maraña societaria, tanto en España como en paraísos fiscales, para desviar el dinero, para lo cual pusieron a testaferros al frente de empresas, algunos de los cuales tenía am su nombre más de 200 sociedades, mientras que otros estuvieron implicados en el caso de espionaje político Método 3.

La Guardia Civil eleva a 34,6 millones de euros el dinero que la supuesta trama adeuda a los diferentes acreedores, entre los que figuran administraciones públicas, entidades financieras, proveedores y trabajadores, mientras que la situación patrimonial actual de la sociedad investigada arroja un déficit de 19,4 millones. En total, los investigadores calculan que esta supuesta trama ha dejado en España a más de 2.000 trabajadores afectados desde 2010 y que la fraudulenta administración de los acusados ha dejado a 750 personas mayores sin recibir asistencia.