"Despolitización" es la palabra fundamental sobre el acuerdo de la nueva presidenta madrileña, la popular Cristina Cifuentes, con Ciudadanos sobre el destino de la cadena pública, Telemadrid. Las tertulias e informativos que pueblan la parrilla se han destacado durante los últimos quince años en una línea tendenciosa hacia las tesis y dirección del gobierno regional. El resultado ante el público es un ridículo 4,6% de audiencia entre los dos canales de la RTVM y un coste de unos 71 millones de euros al año tras el despido de 800 trabajadores, dos terceras partes de la plantilla. Hay mucho trabajo por hacer para reconvertir a Telemadrid "en una BBC", que es la utopía propuesta por Cifuentes. Las autonómicas nacieron como "terceros canales", con el sueño de emular a la corporación británica (que los ciudadanos pagan a tocateja cada año, unos 200 euros), pero se han quedando en cadenas de proximidad con tufo partidista. Salvo la catalana TV3 (independentista y futbolera), todas están por debajo de los dos dígitos, la frontera de la "utilidad", de la influencia práctica. Canal Sur terminará junio en un 8,6%, 2 décimas más que en abril y mayo, en una temporada desastrosa en los "índices de aceptación", como interpretaban anteriores directivos de la RTVA.

La cadenas autonómicas se ven cada vez menos y aunque también cuestan algo menos que en los años de bonanza, aún tienen que replantearse su función. En el conjunto de las once corporaciones de la Forta conviven diferentes modelos: cadenas gestionadas por una empresa externa (RTRM, de Murcia, a cargo de Secuoya); cadenas externalizadas por franjas, como la gallega o la canaria; o cadenas de dirección pública y realización privada, como Aragón TV. Y entre las veteranas, cadenas de 'concepción nacional' con su idioma propio, RTVE en miniatura con todos sus defectos, con modelo mixto de financiación, con sus ingresos publicitarios añadidos a la transferencia pública. La coartada de la publicidad suele ser la de ofrecer ventanas a empresas locales con oportunidad de difusión.

Los cambios políticos de las elecciones de mayo traen transformaciones en las cadenas autonómicas como sucederá en la de Castilla-La Mancha, muy marcada políticamente tanto cuando ha gobernado el PSOE como en estos años el PP. En Canal Extremadura (que no está integrado en la Forta), y que cuesta 25 millones de euros al año para un 6% de audiencia en dos provincias, también se vislumbran profundos cambios; como en la balear IB3, un saco de 30 millones anuales (y 5,2% en mayo). Otra autonómica uniprovincial, la asturiana TPA, cuesta 20 millones (6,3%, dos cadenas). Y está Canal 9, clausurada en noviembre de 2003, y que pese a su desprestigio, el PP valenciano la ha echado en falta en la pasada campaña. El despilfarro a que fue sometida y un ERE tumbado para una plantilla de 1.600 trabajadores, convierten en incierto el futuro del proyecto planteado por el nuevo presidente Ximo Puig, que quiere resucitar un canal que está costando más muerto que vivo.

Las autonómicas han llevado mal los recortes, la amplitud de la competencia audiovisual y la falta de identificación de los jóvenes, que cuentan con otros soportes para conocer sobre su entorno. En los últimos cinco años las regionales han perdido algo más de un tercio de sus espectadores. Canal Sur tenía un 12,7% de media en 2010 y en 2015 va a ser difícil que alcance el 9%, incluso con Andalucía TV, mientras arrastra 125 millones de déficit. La presidenta Susana Díaz no siente las urgencias de sus homólogos. Joaquín Durán como director general en funciones ha superado los dos años y medio. Estará más tiempo que los directores generales por consenso en RTVE y RTVA, que acabaron dimitiendo. La presidenta está por la labor de mantener esta situación que (sólo en teoría) es transitoria. Canal Sur sigue la estela de indefinición de sus hermanas casi invisibles.