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Las auditorías a la carta no existen

  • La Cámara de Cuentas de Andalucía sólo atiende una mínima parte de las peticiones de fiscalización que le llegan de ayuntamientos y nunca en los mismos términos solicitados

Dibujo de Rosell. Dibujo de Rosell.

Dibujo de Rosell.

Basta repasar los titulares de prensa, sobre todo cuando tras unas elecciones hay un cambio de gobierno en un ayuntamiento, para confirmar que la petición de auditorías se ha convertido en uno de los temas recurrentes en los debates plenarios. Más, desde que la caída de ingresos dejó a muchos municipios maltrechos y sembró de dudas la gestión previa. Los que pueden y quieren optan por consultoras privadas para realizar lo que técnicamente son informes económicos-financieros en colaboración con el personal propio de intervención y secretaría de cada ayuntamiento.

Pero es frecuente que esa fiscalización se pida también a la Cámara de Cuentas de Andalucía, poniendo en valor su carácter público -como órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz- y su independencia de los alcaldes de turno. Aunque lo cierto es que la mayoría de estos anuncios no va más allá, porque sólo una mínima parte de los informes que se solicitan a la Cámara se realiza y en ningún caso se trata de las auditorías a la carta que se pretenden desde los ayuntamientos.

Desde 2012, ha tenido peticiones para auditar 9 municipios, de los que sólo ha revisado 4

Ello se debe a dos motivos. El primero tiene que ver con las propias limitaciones de la Cámara, con unos 70 auditores para unas competencias que abarcan el sector público autonómico, el universitario y el local, compuesto en Andalucía por 771 municipios, ocho diputaciones y 380 organismos autónomos, 442 sociedades mercantiles, 89 mancomunidades y 210 consorcios. Para intentar agilizar el trabajo, desde hace unos dos años, auditores privados colaboran para realizar algunos trabajos de campo en las corporaciones, aunque son los auditores propios los que realizan el trabajo final.

No queda otra que aplicar criterios técnicos para seleccionar las peticiones que llegan desde los ayuntamientos o a través del Parlamento de Andalucía, que se unen a los trabajos que la Cámara ya programa por su cuenta. Esos criterios se recogen en un plan estratégico que aprueba periódicamente (el actual va de 2012 a 2017). Por regla general, por ejemplo, se suele auditar el último ejercicio liquidado, no el que se le indica desde los ayuntamientos; y se da prioridad a los municipios que no han enviado sus cuentas en los plazos que prevé la ley. También, a aquellos en los que hay indicios de irregularidad y a las peticiones que llegan a través del pleno del Parlamento andaluz o de la Comisión de Hacienda.

En este contexto, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha recibido desde 2012 un total de 14 peticiones de auditorías generales o de aspectos concretos de la gestión de nueve ayuntamientos de la provincia de Sevilla: Morón, Benacazón, San Juan, Alcalá de Guadaíra, Espartinas, Burguillos, Gelves, El Coronil y Villaverde. Pero, según datos facilitados por la propia Cámara, en el mismo periodo sólo se ha auditado a cuatro de ellos, junto a otros que ya tenía previstos en su plan anual. Pero siempre sobre áreas y años concretos de gestión, nunca de forma integral.

La mitad de esas peticiones pasaron por el Parlamento de Andalucía, con lo que se supone que tienen prioridad. Pero ni aún así. En septiembre de 2012, por ejemplo, el Parlamento solicitó dos auditorías para el Ayuntamiento de Morón, una "relativa a la comprobación de procedimientos de contratación y ejecución de determinadas obras y servicios de 2007 a 2011" y otra centrada en las cuentas del propio Consistorio y de sus organismos y empresas. El mismo día, el Parlamento aprobó además la fiscalización de la contabilidad municipal de Benacazón y de su empresa Bemusa de 1999 a 2010 y en diciembre de 2012 pidió la "fiscalización integral" de los ejercicios de 2007 a 2012 de los ayuntamientos de San Juan, Alcalá de Guadaíra y Espartinas, y la del Ayuntamiento de Burguillos de los ejercicios 2006-2007.

Hubo otras siete peticiones que llegaron directamente a la Cámara de Cuentas de los ayuntamientos. Entre ellas, destaca de nuevo el Ayuntamiento de Morón, que, entre otras cosas, solicitó la fiscalización de la ejecución de las obras del programa Urban. En junio de 2014, el entonces alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, pidió que se auditara la liquidación de la sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) y se han solicitado auditorías desde los ayuntamientos de Gelves (julio de 2015); El Coronil (noviembre de 2015); y Villaverde del Río, petición que llegó en marzo de 2016 pero solicitando la fiscalización del año 2011 a 2015.

Esta lista contrasta con las auditorías que realmente se han hecho. Según la Cámara de Cuentas, en este periodo se han fiscalizado determinadas áreas del Ayuntamiento de Valencina del ejercicio 2011, dentro del plan de actuaciones de 2013. El informe con los resultados se conoció en 2014. También se ha hecho un informe sobre el Ayuntamiento de Benacazón, pero del ejercicio de 2012, es decir, no se corresponde con la petición hecha a la Cámara. Es lo mismo que ocurre con Burguillos, donde hay otra auditoría en marcha, pero la que se ha terminado se ciñe al ejercicio 2012 y a determinadas áreas. No es la "fiscalización integral" de seis años que se pidió a través del Parlamento. En San Juan, ha fiscalizado determinadas áreas del ejercicio 2013, cuando lo que se pedía era también una actuación integral de cinco años. En el caso de Morón, se han revisado algunas áreas, pero de un sólo presupuesto, 2013.

A esta lista se unen también los trabajos que se han hecho sobre el Ayuntamiento de Sevilla, centradas en las transferencias hechas a sus entidades dependientes, y la Diputación de Sevilla. Según la Cámara de Cuentas, en la actualidad tiene procesos de fiscalización en marcha en Espartinas (la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento se incluyó en el plan de actuaciones de 2016); Burguillos, Aguadulce y Dos Hermanas.

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