El líder de los taxistas del aeropuerto de San Pablo, Enrique Filgueras, alardeaba "de conocer secretos de la vida íntima de personas influyentes y amenazaba con darlos a conocer" para conseguir sus propósitos. Así consta en el informe policial elaborado por la Brigada de Información de la Policía Nacional en Sevilla, que está incluido en la macrocausa contra la mafia del taxi que dirige la juez de Instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores. Filgueras, como una treintena de taxistas del aeropuerto, está imputado en esta causa por varios delitos, como amenazas, daños, coacciones y pertenencia a organización criminal. La mayoría de los imputados pertenecen a la entidad que preside Filgueras, llamada Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi.

La Policía preguntó al director del aeropuerto, Jesús Caballero, si había sido objeto de amenazas o algún tipo de coacción por parte de algún miembro de esta asociación de taxistas desde que tomó posesión de su cargo en el año 2013. El director manifestó que en los primeros días tras su incorporación -fue nombrado a finales de mayo de aquel año- detectó que le habían seguido taxis varios días hasta su casa, "sin que pudieran llegar hasta la misma puerta de su domicilio porque vive en una urbanización con control de entrada y vigilante y les hubieran identificado".

Caballero no quiso darle importancia a estos seguimientos y no tomó las matrículas de los vehículos que le habían seguido, pero sí reconoció a la Policía que, en alguna conversación telefónica, el presidente de Solidaridad había presumido de conocer secretos de personas conocidas y utilizar esa información para conseguir sus objetivos. No sólo fue Caballero objeto de estos seguimientos, también lo fueron dos agentes de la Policía Local que prestaban servicio regularmente en el aeropuerto y a los que los taxistas hicieron fotografías comprando en un supermercado vestidos de uniforme.

Filgueras no declaró ante la juez y el director del aeropuerto ratificó lo que contó a la Policía

El informe apunta una conversación telefónica entre Filgueras y el director del aeropuerto a cuenta de que un familiar de este último obtuvo una plaza en la empresa Airbus. En esta charla, el líder de los taxistas reprocha a Jesús Caballero que su pariente haya entrado en esta compañía. Este familiar consiguió su plaza por concurso oposición, pero Filgueras le recriminaba este asunto a Caballero asegurando que él pretendía que ese puesto fuera para otra persona vinculada a su familia. El taxista llegó a decirle al director del aeropuerto que debía tener un muy buen enchufe en Airbus para que hubiera entrado el familiar de Caballero y no el suyo.

El presidente de Solidaridad insistía en que él tiene muy buenas relaciones con los sindicatos de la empresa aeronáutica y que esa plaza estaba reservada para su familiar. No conforme con el resultado del proceso de selección del puesto, Filgueras ordenó un boicot a Airbus. Prohibió a todos los taxistas afiliados a Solidaridad que trasladaran a los trabajadores de esta empresa y/o prestaran servicio en ella, como hacían con regularidad.

Filgueras compareció ante la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, en calidad de investigado el pasado 4 de diciembre. Ese mismo día también fueron citados otros siete miembros de la directiva de Solidaridad del Taxi, entre ellos el vicepresidente de la asociación, Cesáreo Román; el tesorero, Antonio Velarde; y el secretario, Francisco Ternero. Los ocho líderes del sector se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez, alegando que tenían que revisar y aportar una nueva documentación a la causa. No declararon pese a que, unos minutos antes, Filgueras había asegurado a los periodistas que no tenía nada que ocultar y que iba a responder a todas las preguntas que se le hicieran.

Ese mismo día también compareció ante la juez, en calidad de testigo, el director del aeropuerto. Jesús Caballero ratificó ante la magistrada que investiga la macrocausa contra la mafia del taxi lo que contó a la Policía Nacional y los agentes de la Brigada de Información reflejaron en su informe. La juez preguntó al director por el bar que tiene Solidaridad en un local alquilado a Aena, donde también está la sede de la asociación, que fue registrada por la Policía la pasada primavera. Aena interpuso la semana pasada una demanda de resolución de contrato para expulsar a los taxistas de este inmueble por incumplir los términos del contrato, ya que no podían instalar un bar en ese local. La demanda se les notificó a los taxistas el viernes por la noche, y éstos respondieron dejando el aeropuerto sin taxis durante más de una hora y también hubo ataques a pedradas a varios coches con licencia VTC (vehículos de transporte concertado) que iban a recoger clientes a la terminal.