El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha quedado en libertad tras comparecer esta mañana ante el juez que lo había puesto en busca y captura por no haber acudido a declarar a una citación anterior, aunque sigue imputado por fraude a la Seguridad Social.

Ramírez ha sido conducido esta mañana el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por el Cuerpo Nacional de Policía, que lo detuvo nada más aterrizar en la isla en un avión privado procedente de Miami (EEUU), donde llevaba un mes de viaje de negocios.

El empresario, accionista de referencia de Seguridad Integral Canaria, sociedad sobre la que versa la investigación penal por la que ha sido detenido, ha comparecido durante unos minutos ante el juez Luis Francisco Galván y la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos.

Ramírez llegó a la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria sobre las 10.00 horas en un coche policial y la abandonó por su propio pie sobre las 11.30, pero su comparecencia ante el juez ha sido breve.

El empresario se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los hechos que le atribuye la Fiscalía de Canarias, aunque sí se ha dirigido al magistrado instructor para pedirle disculpas por no haber acudido a su citación del pasado jueves, porque asegura que todo ha respondido a "un malentendido".

Ramírez ha manifestado a los periodistas que pensaba que no estaba obligado a comparecer ese día, porque sus abogados habían recurrido las diligencias iniciadas por ese juzgado, pero ha precisado que entiende que el juez haya tomado la decisión que creía que debía adoptar en vista de su ausencia.

Escuchadas esas explicaciones sobre su anterior incomparecencia y puesto que se acogía a su derecho a no declarar, el juez Galván le ha comunicado que sigue imputado en un delito contra la Seguridad Social, pero puede seguir en libertad, con la única obligación de comunicar a la Justicia cualquier cambio de domicilio o de número de teléfono.

La querella de la Fiscalía contra Ramírez plantea que Seguridad Integral Canaria ha podido defraudar una cantidad importante en cotizaciones a la Seguridad Social, al pagar a sus trabajadores salarios por debajo de los estipulados en el convenio colectivo nacional del sector de la vigilancia privada.

Tras aprobarse la última reforma laboral, Seguridad Integral Canaria se descolgó de ese convenio y se dotó de un pacto laboral particular de empresa, con salarios muy inferiores a los de su competencia, lo que le permitió ganar numerosas licitaciones públicas convocadas por administraciones de todo el país.

Sin embargo, el Supremo acabó anulando su convenio y condenando a la empresa a pagar a su plantilla con carácter retroactivo los salarios del nacional, lo que condujo a Seguridad Integral Canaria, junto a otras circunstancias, a declararse en concurso de acreedores en diciembre pasado.

Ramírez tiene abierta otra investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, también relacionada con la política salarial de Seguridad Integral.

En ella, la Fiscalía le acusa de un fraude millonario a la Seguridad Social, por haber pagado sistemáticamente a su plantilla de vigilantes las horas extras como si fueran dietas, que tributan menos.