El coste para Telefónica de cada trabajador que se acoja al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía será de 400.000 euros. En consecuencia, el desembolso que deberá realizar por los 6.500 despidos que planea asciende a 2.600 millones de euros. Así lo comunicó ayer el secretario general del sector de telecomunicaciones de CCOO, Jesús Vesperinas, un día después de la primera reunión que mantuvo la dirección de la compañía con el comité de empresa.

El representante sindical explicó que este coste, así como el "posible" pago del desempleo -de entre 300 millones y 450 millones, según la empresa, y de entre 250 y 300 millones, según los sindicatos- es la razón fundamental de la compañía para justificar un Plan Social distinto de la memoria explicativa que presentó la pasada semana. Y es que, el grupo que preside César Alierta, ha reformulado las condiciones del ERE, rebajando el número de afectados, hasta los 6.500 trabajadores, desde los 8.500 iniciales, y el periodo de aplicación, que pasa de cinco a tres años, hasta finales de 2013.

"Después de dos horas discutiendo la memoria explicativa de la pasada semana, la empresa presenta un Plan Social que no corresponde a lo anterior", indicó Vesperinas, quien añadió que por esta razón se dirigirán al Ministerio de Trabajo para pedir que retrase el plazo máximo de la negociación fijado en 30 días y que empezó a contar la pasada semana.

CCCO cree que la decisión de Telefónica es una maniobra para cargar sobre los trabajadores que se acojan al ERE el coste del desempleo. De hecho, el representante sindical precisó que la compañía "formalmente, oficialmente y por escrito" no asume aquel montante. Es más, mencionó que uno de los puntos del Plan Social especifica que los empleados se comprometen a realizar los trámites necesarios para inscribirse en las oficinas de empleo y a solicitar esta prestación.

"No es cierto que Telefónica asuma los costes del desempleo, eso es tan sólo una declaración de intenciones", afirmó Vesperinas, que añadió, no obstante, que la compañía "insinúa" que podría tener que hacer frente a este coste, pero sin "comprometerse" en ningún momento.

El Plan Social presentado por la compañía a los sindicatos incluye una retribución del 66% del salario bruto anual hasta los 61 años, y del 34% desde los 61 años hasta la jubilación, pero los sindicatos han exigido a la empresa que se mantengan las mismas condiciones de anteriores ERE en los que la retribución equivalía al 70% del salario bruto hasta los 61 años. El desacuerdo es manifiesto, pero el proceso está todavía abierto y ambas partes volverán a reunirse el próximo día 7 de junio. El proyecto estima como edad mínima del programa de prejubilación los 53 años.

Asimismo, el Plan incluye un programa individual de bajas para los trabajadores de menos de 53 años, con 45 días por año trabajado con un máximo de 3,5 anualidades y un plus por antigüedad de un máximo de 30.000 euros para los que lleven más de 20 años en la empresa y un programa adicional para los susceptibles de acogerse a la jubilación. En este caso, la empresa garantizará a los empleados la percepción de una renta mensual equivalente al 40% del salario regulado para los trabajadores de 60 años hasta los 65 años y del 38% para los de 61 hasta los 65 años.

"No aceptaremos en ningún caso una rebaja de las condiciones, ya que en el Plan que propone la compañía el coste se traslada a los trabajadores en vez de a Telefónica", indicó. Asimismo, Vesperinas recordó que se trata de lograr un acuerdo global tanto para las personas que acepten adherirse al ERE, sin coste público, y los que permanezcan en la empresa mediante el convenio colectivo.