La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Narcís Serra por los sueldos de CatalunyaCaixa

  • Acusa al ex presidente de la entidad y ex ministro de presunto delito de administración desleal en el caso de los salarios desorbitados.

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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el ex presidente de CatalunyaCaixa y ex ministro, Narcís Serra, el ex director general Adolf Todó y quince consejeros de la entidad por los "escandalosos" sueldos e indemnizaciones que cobraron pese a la crítica situación económica de la antigua caja de ahorros.

En el escrito, Anticorrupción atribuye a 17 personas, entre ellas Serra y Todó, dos delitos de administración desleal, por los que pide cuatro años de cárcel, mientras que para otros 24 ex directivos de CatalunyaCaixa pide dos años de prisión por un único delito de administración desleal. La Fiscalía pide además que los acusados indemnicen al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con un mínimo de 2,5 millones de euros.

El fiscal recuerda que CatalunyaCaixa vivió una situación "crítica" como consecuencia de la crisis, hasta el punto que en 2010 el FROB tuvo que inyectar 1.250 millones para su recapitalización. Pese a ello, Serra, entonces presidente de CatalunyaCaixa, acordó la contratación de Todó como director general y de Jaume Masana como consejero delegado con unas condiciones económicas inapropiadas para el momento que atravesaba la entidad.

"Política irresponsable de retribuciones"

La Fiscalía considera "irresponsable" la política de retribuciones asumida por los órganos de la entidad y tacha de "escandalosas y millonarias" las indemnizaciones percibidas por los directivos y miembros del consejo de administración. "A pesar de la difícil situación económica global y, en particular, del sistema financiero, y especialmente de esta caja, los sueldos de los altos directivos Todó y Massana no dejaron de subir durante 2009, 2010 y 2011", denuncia el fiscal.

Todó, por ejemplo, obtuvo unos ingresos de más de cuatro millones entre 2008 y 2012, a lo que hay que sumar cerca de 2 millones de aportaciones a un plan de pensiones. Massana percibió en ese período una retribución de 2,9 millones y una aportación a un plan de pensiones de más de 633.000 euros. Además, los directivos se subieron el sueldo "cuando el FROB estaba a punto de aportar 1.250 millones e incluso cuando ya habían sido aportados".

Serra, recuerda el fiscal, no sólo tenía un cargo representativo en CatalunyaCaixa, sino que presidía las comisiones y el consejo de administración y tenía "elevados emolumentos" en concepto de dietas. A partir de 2007 se estableció un salario para Serra como presidente no ejecutivo a pesar de no ser preceptiva su fijación y llegó a cobrar entre 2007 y 2010 más de un millón de euros en concepto de dietas y retribución.

La Fiscalía sostiene que en CatalunyaCaixa "han existido retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", algo que sorprende no sólo porque la entidad solicitó la inyección de dinero público por parte del FROB, sino también porque en 2010 el grupo presentó un ERE para la extinción, suspensión o reducción de jornada de hasta 1.300 empleos. "Los acusados, sabedores de la situación de crisis de la entidad o, al menos, en condiciones de conocerla, con evidente abuso del cargo que ostentaban utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo que contribuyó a aumentar su grave crisis financiera", remarca el fiscal.

La Fiscalía subraya que esta actuación "denota un reprochable y espurio manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".

Se da la circunstancia de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga también a Serra, Todó y otros trece altos cargos de CatalunyaCaixa por otro presunto delito de administración desleal que habría originado un agujero en la entidad de más de 720 millones.

Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50% junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Cataluña Mediterránea (Procam).

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