El Ministerio de Fomento considera la posibilidad de sacar a bolsa el 49% de capital privado que tendrá la futura AENA Aeropuertos, y también baraja la opción de buscar inversores institucionales.

Dentro de la reforma del modelo aeroportuario que adelantó el presidente el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Consejo de Ministros aprobará el viernes un decreto ley sobre modernización y liberalización de la gestión de los 47 aeropuertos que integran la red de AENA. Tras la privatización del 49% de AENA Aeropuertos, grandes aeropuertos como El Prat (Barcelona) y Barajas (Madrid), donde hay interés de concesiones privadas, entrarán en una licitación pública para su gestión privada.

El departamento que dirige José Blanco ya ha recibido más de media docena de llamadas interesándose por la concesión de los dos aeropuertos principales, y tres o cuatro de ellas eran grandes empresas.

Fuentes de Fomento indicaron que la valoración del 49% de AENA la hará el mercado, aunque se calcula que con la privatización se podrán conseguir unos ingresos de unos 9.000 millones de euros, una vez descontada la deuda de AENA, estimada en unos 12.000 millones. Una vez que se haya completado la privatización del 49%, se podrá dar entrada a la gestión privada en los grandes aeropuertos, mientras que el resto se podrán regir por gestión directa, como hasta ahora, o por sociedades filiales. En los aeropuertos en los que haya interesados en la concesión privada, todas las tarifas de explotación serán establecidas por el gestor privado, excepto las de aterrizaje, pasajeros y seguridad que continuarán reguladas por AENA Aeropuertos.

También se crearán Comités de Coordinación Aeroportuario entre el Estado y las comunidades autónomas para coordinar las competencias, crear comités de desarrollo de rutas aéreas, garantizar la conexión con el aeropuerto, así como las competencias acústicas, urbanísticas y medioambientales. Todos los trabajadores de AENA Aeropuertos mantendrán sus derechos laborales.

Fomento quiere que la nueva sociedad esté creada antes del 28 de febrero de 2011 y espera haber completado el proceso de privatización en un año, con el objetivo de completar el nuevo modelo de gestión aeroportuaria antes de que acabe la legislatura.