El Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará préstamos a las entidades financieras para que pongan en marcha la moratoria de dos años a los parados en el pago de la mitad de su cuota hipotecaria, hasta un máximo de 500 euros mensuales, a partir del 1 de enero de 2009, según anunció hoy el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Solbes aseguró que la puesta en marcha de esta iniciativa, que anunció el pasado lunes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se llevará a cabo mediante sendos acuerdos entre las entidades y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y entre los interesados y sus bancos para determinar las condiciones del aplazamiento del pago.

"Un acuerdo basado en dos patas", dijo el presidente económico, quien explicó que el ICO desarrollará convenios con las entidades financieras para facilitar el crédito, y que los bancos tendrán que acordar de forma privada con los titulares hipotecarios las condiciones del aplazamiento para abaratar "al máximo" la moratoria y evitar costes notariales y registrales.

En este sentido, Solbes, que adelantó que el Gobierno trabaja en más medidas para hacer frente a las preocupaciones de financiación de las empresas, admitió que el Estado asume así cierto riesgo, aunque "limitado", ya que la hipoteca suele ser lo último que dejan de pagar los ciudadanos en momentos de dificultad a pesar del incremento de la morosidad. "Puede haber coste para el Estado y para las entidades, pero si no nos subimos al árbol no comemos nueces", subrayó. 

El vicepresidente económico, que repasó las condiciones de la medida, aseguró que el objetivo que persigue el Ejecutivo es facilitar el pago de las hipotecas a las personas con mayores dificultades en un momento como el actual, minimizando costes y beneficiando al "máximo" a los titulares de las hipotecas.

Preguntado sobre si el Gobierno ha hablado ya con las entidades financieras sobre la puesta en marcha de esta medida y los dos acuerdos en los que se basará, el vicepresidente aseguró que el Gobierno habla "permanentemente" con la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para poner en marcha un sistema "que funcione", y aseguró que la predisposición de los bancos para conceder estas moratorias es "total" porque a ellos se les garantiza el dinero. "Nos pasan en cierta medida parte del riesgo a nosotros", indicó.

Sobre el límite que fija en 170.000 euros el máximo de la hipoteca para poder beneficiarse de esta medida, Solbes recordó que todas las iniciativas que ha puesto en marcha el Ejecutivo van dirigidas a colectivos específicos con más dificultades y aseguró que los que tiene hipotecas mayores tienen ingresos superiores y pueden asumir "mejor" la evolución del tipo de interés por su nivel de renta.

El ICO puede necesitar algún refuerzo

En esta mima línea, pero sobre la condición de haber contratado la hipoteca antes del 1 de septiembre, Solbes explicó que es necesario establecer fechas cuando se pone en marcha una medida para "definir r y acotar" un poco el margen de cada una, y concretó que la intención del Ejecutivo era evitar un salto "muy brusco" y garantizar cierto efecto retroactivo en la propuesta.

Preguntado por la posibilidad de que el ICO pueda necesitar algún refuerzo o aumento de su estructura, Solbes recordó que el Instituto mantiene una posición "relativamente cómoda" en términos de financiación, aunque admitió que el Gobierno "es consciente" que la institución puede necesitar "algún refuerzo". No obstante, reiteró que la intención del Gobierno no es la de regresar a la banca pública y que ICO tiene que cumplir con sus dos funciones: captar recursos y cerrar convenios con la banca privada.

Solbes repasó las otras medidas orientadas a facilitar los pagos hipotecarios, como la prorrogación de la fecha de vencimiento de la cuenta ahorro-vivienda en dos años, hasta un total de seis hasta el 31 de diciembre de 2010, que beneficiará a los contribuyentes con cuentas que vencieran en 2008, 2009 y 2010, lo que supone un total de 180.000 ciudadanos, según los cálculos el vicepresidente económico del Gobierno.

Dos medidas a debate en el diálogo social

Asimismo, se refirió a la ampliación del plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se hubiera adquirido otra y a la minoración del porcentaje de retención del IRPF de aquellos contribuyentes que obtienen rentas del trabajo por un importe inferior a los 33.000 euros, que supondrá la disminución de dos puntos en el tipo de retención, que puede beneficiar a 3,5 millones de personas que mejorarán su renta en 2.000 millones de euros, a pesar de que la medida no implica un "gasto fiscal". "Es un adelantar el dinero en un año de dificultad", explicó.

El vicepresidente destacó también la importancia de las medidas aprobadas para fomentar el empleo y la contratación, la bonificación de 1.500 euros a las empresas que fomenten la contratación indefinida de parados con cargas familiares y la ampliación del 40% al 60% del porcentaje de la prestación por desempleo que pueden capitalizar los parados para convertirse en trabajadores por cuenta propia.

En cuanto a las dos medidas sobre empleo y contratación que se han quedado fuera de lo aprobado hoy (las bonificaciones a las empresas que creen empleo en sectores emergentes y la regulación de la actividad en las empresas de recolocación en los expedientes de regulación de empleo), el vicepresidente económico aseguró que se trata de dos propuestas "que siguen vivas" en el diálogo social, aunque necesitan una definición más "amplia y estricta"