Como una bomba. Así cayeron en Andalucía las directrices de la nueva Política Agraria Común (PAC) avanzadas por el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Phil Hogan, que bajo la búsqueda de la equidad aseguró que se podrán límites a la ayudas por explotación.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, mostró su "preocupación" por el anuncio, ya que teme que se abre la puerta a que cada Estado diseñe su estrategia y "deje de ser una política realmente común en Europa".

Sánchez Haro señaló el documento inicial de la Comisión introduce una mayor subsidiariedad, con lo que cada Estado miembro tendrá que elaborar un plan estratégico para la contribución a los objetivos generales que se establezcan por parte de la UE.

De esta manera, se perdería la visión de conjunto que ha caracterizado a la PAC desde su nacimiento y se adulteraría uno de los pilares básicos y fundacionales de la propia UE, según la nota. "Se ha puesto sobre la mesa un intento de reforma radical de gran profundidad de la PAC" que, en teoría, persigue su adaptación a la nueva situación de los mercados y a los nuevos retos de la UE, "aunque sin despejar dudas fundamentales", dijo.

El consejero considera que la comunicación presentada por la Comisión "genera además incertidumbre porque faltan muchos elementos de juicio y, sobre todo, porque existe una gran inseguridad sobre el diseño de los pagos directos". El "temor" es que "se deja abierta la puerta a la cofinanciación" de estos pagos directos, algo que "afectaría al mercado interior y rompería la unidad de la PAC", declaró.

Además alertó sobre el hecho de que dichos pagos directos no sólo quedan desdibujados, sino que aparecen siempre vinculados al cumplimiento de objetivos de carácter ambiental. "La agricultura es parte de la solución al problema del cambio climático, pero no se debe dejar toda la responsabilidad del problema a la agricultura", indicó antes de recordar que para la Junta es fundamental que la futura PAC "mantenga el nivel de renta de los agricultores", para lo que es imprescindible la continuidad de las ayudas directas. Este sistema, además, "facilita el cumplimiento del objetivo de fijación de población al territorio y un desarrollo territorial equilibrado que apoye el empleo rural".

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía también rechaza esta directrices porque "conllevará el fin de la política común europea y dañará el funcionamiento del mercado único". Su consejo rector alertó de que el documento de la CE "supone iniciar el desmantelamiento de la, hasta ahora, política más común de la UE, en un momento en el que, dada la coyuntura internacional, debería apostarse por un reforzamiento adicional".

Además, Cooperativas Agroalimentarias rechaza la "renacionalización de la PAC que se propone el recorte sustancial de ayudas que se vislumbra" y el cambio "drástico" en la distribución de las ayudas, lo que puede conllevar "desequilibrios importantes en el sector, tanto en rentas como empleo".

COAG, por su parte, calificó de "maquiavélica" la comunicación de la CE, porque tras unos objetivos "aparentemente loables y sostenibles", que pretenden dar respuesta a las principales demandas de los ciudadanos europeos (lucha contra el cambio climático, seguridad alimentaria, conservación del medio ambiente, economía circular y desarrollo del medio rural), "enmascara" unas políticas que pretenden ahondar en una mayor desregulación de los mercados y un recorte de las ayudas.