El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que entre otras novedades establece un mayor control sobre productos con precios anormalmente bajos para evitar fraudes o prácticas desleales. Estas acciones pueden acarrear sanciones de hasta 50.000 euros como norma, aunque la nueva ley prevé multas de hasta 800.000 euros para las faltas más graves. En todo caso, la penalización siempre será superior al beneficio obtenido de manera ilícita.

El texto prevé una mayor vigilancia para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta. Además, la negativa o resistencia a suministrar datos a los servicios de inspección, que por primera vez tendrán consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones, podrá ser objetivo de sanción.

También la responsabilidad de la infracción recaerá solidariamente no sólo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos.

En estos casos, y siempre que concurran circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector, se dará a conocer el nombre de las empresas, con expresa indicación de las infracciones cometidas y de la marca comercial del producto.

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, detalló en rueda de prensa que la nueva norma incluye medidas para la reducción del desperdicio alimentario y obliga a gestionar los excedentes con fines sociales. Además, otorga especial protagonismo a las mujeres y los jóvenes, al reconocer a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas.

El texto incorpora medidas "pioneras" en España en aspectos como la protección del suelo agrario, pues prevé la declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de aquellos espacios donde la actividad tiene una gran relevancia ambiental o social, como la Vega de Granada.

En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, un Estatuto de las Personas Empresarias Agricultoras y Agroindustriales y el Consejo Asesor Agrario de Andalucía, con los principales actores del sector agrario.

Ayer, Asaja Andalucía reconoció el esfuerzo de la Junta de Andalucía por incorporar sus alegaciones, pero criticó el texto por aumentar la burocracia y por tener un "tufillo confiscatorio y expropiatorio".