Análisis

Reformas, instituciones y progreso

  • España necesita mejorar sus niveles de gobernanza pública y con ello recuperar entre el 10% y el 30% del PIB perdido respecto a otras naciones de Europa por no ser puntera en ello

Reformas, instituciones y progreso

Reformas, instituciones y progreso

Para imitar el modelo de Estado de bienestar de los países escandinavos, que tanto anhelamos, no es suficiente la adopción directa de medidas por parte de los gobiernos para suministrar servicios públicos -aunque tengan que hacerlo-. Por el contrario, es necesario contar con las capacidades competitivas de esas economías para que los gobiernos mejoren el Estado de bienestar.

Esas economías han llevado a cabo -y continúan haciéndolo- reformas estructurales que les permiten financiar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. Esta expresión -reformas estructurales- se asocia exclusivamente a la flexibilización del mercado de trabajo y por este motivo tiene tan mala prensa y los partidos de izquierda las rechazan.

En los países escandinavos no rehúyen las reformas estructurales

Sin embargo, aunque lo asociado al mercado de trabajo sea cierto en nuestro país -no en otros- esas reformas representan mucho más y no implican despidos, reducción de prestaciones sociales o aumento de costes para el Estado. Son, por el contrario, gratuitas y generan un efecto muy positivo sobre la economía, al mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reducen gastos inútiles, disminuyen la incertidumbre asociada a la inversión empresarial, mejorando globalmente la capacidad competitiva de la economía.

Es un hecho ampliamente aceptado por los investigadores, que la calidad de las instituciones juega un papel crucial en el desarrollo económico de los países.

No sólo instituciones de buena calidad aceleran el crecimiento económico; permiten también reducir las desigualdades, mejorar el medio ambiente o la salud de los ciudadanos. Mejoran también la crucial tarea que desarrollan los gobiernos con la recaudación de impuestos, permitiendo una mayor -y, sobre todo, mejor- prestación de servicios a los ciudadanos, que se sienten más próximos a las administraciones públicas y, en conjunto, a la sociedad en la que viven.

Igualmente, incentivan comportamientos eficientes, estimulan la innovación y la inversión empresarial. Tienden a ser equitativas, en el sentido de tratar por igual a todos los ciudadanos y organizaciones, eliminando, por tanto, los tratos de favor y la influencia política o personal sobre la asignación de recursos públicos. Todo esto mejora la percepción que los ciudadanos y empresas tienen sobre el funcionamiento de la sociedad, generando confianza en el sistema y adhesión por parte de todos los agentes.

Y un aspecto de crucial importancia: la estabilidad de las instituciones es uno de los rasgos más importantes de su calidad. En España tenemos una ley de educación nueva cada cuatro años. El compromiso público con las actividades de I+D ha mostrado una gran falta de continuidad. En otros órdenes, se han aprobado muchas leyes con buenas intenciones que después no se cumplen, quedando las reformas en una mera declaración de intenciones. Esta inestabilidad en aspectos cruciales de nuestras sociedades, generan desconfianza, aumentan la incertidumbre, retrae a los inversores y dibujan, en general, un escenario poco propicio para el progreso.

Todas estas son reformas por las que han pasado los países más avanzados de Europa y se encuentran en el corazón de las reformas estructurales, realizadas sin costes y sin despidos.

Por instituciones hay que entender no solo los poderes fundamentales de los países democráticos: ejecutivo, legislativo y judicial. También comprende muchas otras instituciones públicas y privadas, que desempeñan un papel relevante en la prestación de servicios, en la garantía de los derechos de los ciudadanos o en la representación social y política. Los partidos políticos, las organizaciones patronales y sindicales, los colegios de médicos, de abogados y tantos otros que sirven para canalizar e influir las condiciones en las que prestan servicios a sus clientes, son todas instituciones relevantes que influyen en la competitividad de las economías, al configurarse en grupos de poder o lobbies, que tienden a reducir la competencia.

Además, las instituciones no son sólo lo que entendemos por instituciones en sí mismas; también lo son las leyes, normas o regulaciones que definen las condiciones en las que todas esas instituciones actúan y operan en la sociedad.

De entre los muchos asuntos que afectan a la capacidad competitiva de nuestra economía, comentemos los efectos de la falta de transparencia y la corrupción.

En ninguno de los rankings que elabora el Banco Mundial y otras instituciones, que midan la calidad de la gobernanza, aparece España entre los 20 primeros lugares. Como un reciente estudio del Círculo de Empresarios pone de manifiesto, nos encontramos entre un 10% y un 30% por debajo de las economías centrales de Europa. Esa calidad de la gobernanza pública está fuertemente influida por la corrupción que, además, ha aumentado en los últimos años.

Dado nuestro nivel de PIB por habitante, España debería aspirar, al menos, a alcanzar un nivel de calidad de la gobernanza similar. Esto significaría mejorarlo en un 20%. En términos económicos, equivaldría a aumentar el PIB en casi un 1,5% anual durante los próximos 10-15 años. Una mejora profunda y duradera.

Hacer más transparentes a nuestras instituciones resulta fundamental para mejorar la gobernanza. No es fácil. Los que disfrutan con el status quo actual pondrán todos los obstáculos para que nada cambie, porque tienen capturado a los representantes públicos que son quienes instrumentan los cambios. El clientelismo político también representa un poderoso obstáculo para transformaciones positivas. Forma parte consustancial de la manera de hacer política en los países del sur de Europa.

El compromiso y participación de los ciudadanos, los grandes acuerdos entre los representantes políticos y la influencia y presión internacionales deberían estimular un reformismo gradual y progresista para que el futuro de nuestro país sea brillante.

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