Un día después de recibir el informe favorable a la apertura de la causa penal de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, admitió ayer a trámite la querella presentada por un grupo de 63 inversores contra Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, y sus seis hijos. Al holding se les acusa de delitos de estafa e insolvencia punible, según el auto dictado ayer. Aunque no ha fijado fecha de declaración de aquéllos, el magistrado impuso al grupo una fianza de 13 millones y ordenó la entrega de la documentación referente a la decena de sociedades de Nueva Rumasa emisoras y avalistas de los pagarés.

"Estamos tranquilos porque hemos obrado con absoluta buena fe, otra cuestión es que las cosas no hayan salido como planeamos", "pero eso no significa que hayamos intentado engañar o estafar", dijo el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero.