La tormenta desatada el miércoles en Madrid por el viceprimer ministro ruso, Alexander Zhukov, al asegurar que el gigante estatal Gazprom quiere hacerse con el 20,01% queposee Sacyr Vallehermoso en Repsol YPF no amaina. Si hace dos días ninguna de las dos compañías españolas hizo comentarios, ayer sí que se escucharon valoraciones desde todos los ángulos.

La más importante, la de la parte interesada. El presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, aseguró que su empresa, "por encima de todo", seguirá siendo "privada, independiente y española", aunque indicó que siempre "colaborará con sus accionistas". "Lo que hagan los accionistas es su decisión y nosotros tenemos que respetarla", precisó. De este modo, Repsol no cierra la puerta a la posible entrada de Gazprom en su accionariado.

Por la mañana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) envió un requirimiento a Sacyr Vallehermoso y el grupo constructor reconoció que "se han producido diversos contactos con posibles inversores que pudieran estar interesados en activos propiedad del grupo, en concreto sobre su participación en Repsol YPF, sin que a la fecha de hoy se haya materializado un acuerdo derivado de las negociaciones mantenidas con dichos contactos".

La empresa que preside Luis del Rivero explicó, asimismo, que los contactos y negociaciones mantenidas se han sucedido desde que el 12 de septiembre Sacyr anunciara su intención deshacerse de su participación en la petrolera (de la que se convirtió en principal accionista en diciembre de 2006) para aliviar su abultada deuda, que supera los 18.300 millones.

Una de las opiniones más esperadas era la del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, quien no dudó en asegurar que le "chirría bastante"que las empresas que fueron privatizadas en España sean compradas "por empresas públicas de otro país". Mientras, el presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que está "radicalmente en contra de que una empresa rusa, monopolística y pública se pueda hacer con el 20% de Repsol YPF", y espera que al Gobierno "ni siquiera se le pase por la imaginación autorizar la operación". La Comisión Nacional de la Energía también advirtió que la operación podría ser una competencia desleal para el resto de empresas de la UE.