Telefónica confirmó que se hará cargo de todos los costes por desempleo derivados de su ERE en España y deberá afrontar un gasto de 2.600 millones de euros a razón de 400.000 euros por cada trabajador que se acoja al mismo, según CCOO. Ambas partes mantuvieron su desacuerdo por la oferta de indemnización. El plan actual incluye una retribución del 66% del salario bruto anual hasta los 61 años, y del 34% desde los 61 años hasta la jubilación, pero los sindicatos han exigido a la empresa que se mantengan las mismas condiciones de anteriores ERE en los que la retribución equivalía al 70% del salario bruto hasta los 61 años. El proceso está todavía abierto y ambas partes volverán a reunirse el próximo día 7 de junio.

Telefónica España y los sindicatos se sentaron el martes para negociar los términos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado la pasada semana por la empresa. La compañía manifestó su disposición a hacerse cargo de todos los costes derivados del plan, incluidos los que recaen en el Estado por las prestaciones por desempleo que recibirían los trabajadores que decidan desvincularse de la compañía.

La compañía de telecomunicaciones se ha comprometido a asumir los costes del ERE que aplicará sobre su plantilla en España pero a cambio ha reformulado las condiciones del mismo rebajando el número de afectados hasta los 6.500 trabajadores, desde los 8.500 empleados propuestos en la memoria explicativa que presentó la pasada semana, y el periodo de aplicación, que pasa de cinco a tres años.

Asimismo, el Plan Social presentado por la compañía a los sindicatos recoge como edad mínima del programa de prejubilación los 53 años y una retribución del 66% en el cobro de la prestación por desempleo, que se detraerá de la renta pactada, por debajo del 70% que se pactó en EREs anteriores.

Los sindicatos explicaron que algunos de estos cambios, que responden al compromiso de la operadora de asumir los costes de las prestaciones por desempleo, no se corresponden con la memoria presentada la semana anterior. "No vamos a firmar un tercer ERE que rebaje las condiciones de los dos anteriores", señalaron fuentes de UGT. Las fuentes sindicales afirmaron que "como mínimo" el ERE tiene que ser similar en condiciones a los dos anteriores firmados por Telefónica España y añadieron que, si esas condiciones se ven afectadas, se "dificulta" la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Aclarar criterios

Por su parte, CCOO considera que estos cambios están motivados por los intentos de conseguir "a corto plazo" ahorros y saneamiento de cuentas de resultados y "debilitan" la argumentación sobre la necesaria adecuación del volumen de empleo o la búsqueda de garantías de futuro desde criterios rigurosos. Para CCOO, Telefónica intenta conseguir sus objetivos "en cualquier escenario" y "pase lo que pase", y añade que la reivindicación del sindicato de que el coste del ERE no se financie en parte con dinero público no está asumida "oficialmente". 

Según el sindicato, la nueva propuesta demuestra la "improvisación" de Telefónica y el "poco rigor" de los objetivos y de los argumentos, y reprocha a su directiva que aparente "no ser sensible ni consciente de que está jugando con las expectativas y preocupaciones de la plantilla". En este sentido, CCOO considera que la nueva propuesta no aclara del todo los interrogantes que se han señalado sobre las cifras de afectados, ya que en esos tres años, las personas que cumplen 53 años o más son 8.161, y el máximo se fija ahora en las 6.500 personas.

Por todo ello CCOO insta a Telefónica a que aclare los criterios para rechazar peticiones una vez conseguido el objetivo, con lo que, según la representación de los trabajadores, se limita la voluntariedad, la universalidad y la no discriminación, criterios que la compañía había fijado como el santo y seña de la negociación. 

Las negociaciones del expediente se reanudarán el próximo martes y los negociadores tienen un plazo de 30 días para llegar a un acuerdo. La decisión de Telefónica de España coloca en un segundo plano la tramitación parlamentaria de la enmienda socialista que obligaría a las empresas con beneficios a realizar aportaciones al Tesoro público cuando realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 50 años. Esta enmienda podría estar aprobada el mes que viene, más o menos al mismo tiempo que el ERE de Telefónica.