El Gobierno intenta contener el efecto de la reforma de los ERE (expedientes de regulación de empleo). El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que el informe que una empresa presente alegando pérdidas previstas transitorias deberá ser elaborado por una instancia "independiente" para asegurarse de que no existe manipulación en las cuentas y evitar que este procedimiento sea un "coladero" de despidos colectivos.

En una entrevista a Europa Press, el titular de Trabajo indicó que "no es fácil determinar el concepto de pérdidas previstas", pero añadió que el Gobierno ha establecido unos criterios "exigentes", empezando por que el informe que justifique la solicitud del ERE "tiene que ser independiente", elaborado por un tercero ajeno a la empresa.

Además, Gómez señaló que, finalmente, la aprobación o no del ERE "es una decisión que toma la autoridad laboral, se cuente o no con el acuerdo de los trabajadores".

Gómez despejó así dudas sobre el reglamento de los ERE aprobado en el último el Consejo de Ministros, según el cual las empresas que aleguen pérdidas previstas "transitorias" cuando vayan a presentar uno de estos expedientes podrán finalmente acogerse al despido objetivo por causas económicas, que contempla una indemnización de 20 días por año trabajado.

Gómez resaltó que una vez se disponga de este informe, sólo podrán ser causa de despido aquellas pérdidas previstas de carácter transitorio que sean "muy intensas", lo suficiente "como para acabar con la empresa", lo que calificó de "razonable y sensato". "Puede haber pérdidas tan importantes, aunque sean transitorias, que exijan algún tipo de ajuste", señaló, para añadir que, en cualquier caso, el Gobierno "sigue pensando que si las pérdidas son transitorias la decisión más deseable es acudir al ERE de reducción de jornada".

A la luz de estos argumentos, el ministro de Trabajo argumentó que este nuevo reglamento "no es una concesión" a la CEOE y confió en que "se vaya creando una nueva jurisprudencia alrededor del nuevo esquema conformado por la reforma laboral", de forma que los empresarios "sabrán el tipo de situación que están valorando los jueces y el tipo de pruebas que exigen" para aprobar expedientes de extinción.

En materia de negociación colectiva, Gómez se refirió al arbitraje obligatorio que el Gobierno establece con carácter transitorio en la reforma cuando los plazos máximos para la renegociación de los convenios terminan sin acuerdo. Aclaró que esta obligación sólo estará vigente mientras no haya un acuerdo interconfederal entre patronal y sindicatos que defina el sistema de arbitraje voluntario. Preguntado por cuánto podría durar ese periodo transitorio, dijo que "en el caso óptimo puede durar meses", si bien precisó que "en torno a un año sería suficiente".

Sobre el descuelgue salarial, el ministro apuntó que la reforma "concreta más" las condiciones para poder aplicarlo. Así, el Gobierno facilitará que las empresas no apliquen el régimen salarial previsto en los convenios de ámbito superior (cláusula de descuelgue) durante un plazo máximo de tres años.

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