La Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades irlandesas ultiman el rescate a Irlanda, de cara a la reunión de ministros de Finanzas europeos que se celebrará este domingo para dar el visto bueno a la contribución europea al mismo. En principio, la convocatoria es por teleconferencia, aunque fuentes europeas consideran que los ministros podrían reunirse físicamente en Bruselas si los equipos negociadores del FMI y la UE terminan de acordar los detalles del rescate a Irlanda a tiempo.

Fuentes comunitarias confirmaron que las negociaciones sobre el programa de asistencia financiera multilateral están próximas a su finalización y que sus detalles podrían conocerse este domingo, lo que permitiría reducir la incertidumbre sobre la zona euro antes de la apertura de los mercados, el lunes. Sin embargo, tras una semana marcada por los máximos históricos alcanzados por la deuda soberana de España y Portugal, comienzan a proliferar las dudas sobre si el rescate irlandés bastará para neutralizar el riesgo de contagio a la Península Ibérica.

El domingo pasado, los Veintisiete ya anunciaron su intención de asistir a Irlanda tras una conferencia telefónica de sus ministros de Finanzas, lo que no sirvió para aplacar las dudas de los mercados sobre los siguientes de la lista: España y Portugal. Desde Bruselas, Lisboa, Madrid o Berlín, los líderes europeos se han empleado a fondo en desmentir las necesidades de asistencia de estos dos países en los últimos días.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, subrayó que es "absolutamente falso" que exista un plan de salvamento para Portugal y reiteró su confianza en las políticas anunciadas por los países con problemas. En Lisboa, el Parlamento aprobó el presupuesto de 2011; mientras que en Madrid, el Gobierno y el Banco de España extremaron sus esfuerzos por comunicar la solvencia de la economía española y de su sistema bancario. El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, negó "absolutamente" que España vaya a recurrir al rescate financiero y advirtió a los inversores que estén apostando contra la deuda española de que van a perder dinero.

Sin embargo, no todas las declaraciones han remado en la misma dirección, lo que llevó al presidente del Consejo, Herman van Rompuy, a advertir del daño que hacen ciertos comentarios. "Quienes hablan de un contagio no lo hacen fundamentándose en razones económicas sólidas", aseguró Van Rompuy. Sorprendieron especialmente las declaraciones del gobernador del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Axel Weber, quien abogó por aumentar el actual fondo de rescate de la UE, capaz de movilizar hasta 750.000 millones de euros, si fuera necesario atender a más de un país.

También desde Alemania, la canciller Angela Merkel insistió en su iniciativa para que los acreedores privados asuman su responsabilidad a la hora de ayudar a países con graves dificultades financieras a partir de 2013, cuando caduca el fondo de rescate de la zona euro aprobado tras la crisis en Grecia. "Ya sé que los mercados reaccionan con nerviosismo cuando digo algo así", reconoció la jefa del gobierno germano, tras lo cual reiteró su planteamiento de que la política debe primar sobre los mercados.

Precisamente, esta propuesta alemana está en el origen de la actual espiral que ha vivido la deuda soberana de los países periféricos de la zona euro, poniendo a Irlanda contra las cuerdas. El futuro mecanismo permanente de resolución de crisis y el papel del sector privado en el mismo volverán a la agenda europea en las próximas semanas, lo que hace temer nuevas desestabilizaciones de los mercados de deuda, aunque la Unión Europea y el FMI logren zanjar el rescate de Irlanda mañana.

Fuentes comunitarias estiman que el programa de asistencia a Irlanda podría alcanzar los 85.000 millones de euros, de los cuales un tercio serían proporcionados por el Fondo Monetario Internacional y el resto por la Unión Europea. Los medios irlandeses avanzan que el interés del préstamo podría situarse por encima del que se exigió a Grecia (en torno al 5%) y con un plazo de devolución de nueve años.