El real decreto español que autoriza la concesión hasta el 31 de diciembre de 2014 de compensaciones a las compañías eléctricas que utilicen carbón autóctono ha superado el examen de la Comisión Europea, que dio su visto bueno definitivo a la medida al considerar que respeta la legalidad comunitaria.

El Ejecutivo comunitario entiende que la norma española no excede los límites fijados por la UE, ya que sólo afecta al 9% de la producción de electricidad, mientras que el máximo europeo que los países pueden producir mediante materias primas autóctonas es un 15%, según explicó en un comunicado. "La ayuda estatal se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales para la compensación por servicio público puesto que no dará lugar a una sobrecompensación de los costes soportados por los productores de electricidad", explicó la Comisión Europea (CE). En concreto, Bruselas afirma que los volúmenes de electricidad afectados por el real decreto no superarán los 23,4 teravatios hora (TWh) por año entre 2011 y 2014 ni los 9,6 TWh en lo que queda de año.

Además, España ha asegurado que se trata de una medida transitoria necesaria para "garantizar la seguridad del suministro de electricidad durante los próximos cuatro años en un país que sigue estando mal interconectado con otros grandes mercados europeos de electricidad y que tiene una elevada cuota de energías renovables (eólica y solar), cuya producción es altamente intermitente".

El régimen español podrá extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre de 2014 y, si las autoridades nacionales estiman que en algún momento antes de esa fecha las compensaciones se hacen innecesarias, podrán cancelarlas. Bruselas debía autorizar la medida española por exigencia de las normas europeas de competencia sobre ayudas públicas. España se ha comprometido a que el carbón autóctono que consuman las centrales térmicas procederá de minas que respeten las normas del futuro reglamento del carbón, que aún está en negociaciones en la UE.

La medida española ha suscitado fuertes reacciones a favor, desde el sector minero, y en contra, por parte de las organizaciones ecologistas, que consideran incoherente que se permitan este tipo de ayudas consideradas contraproducentes por la nueva estrategia de crecimiento económico de la UE para la década 2010-2020, Europa 2020, propuesta este mismo año por la propia CE. No obstante, la CE afirma que ha velado por la coherencia entre la medida española y el reglamento comunitario, que propuso el pasado julio para reformar el marco actual que expira a finales de año.

Esta nueva legislación europea -que aún debe ser aprobada por el Consejo y el Parlamento de la UE- prevé eliminar los subsidios estatales al sector del carbón a partir de 2014 y supeditar cualquier apoyo adicional al sector a la presentación de un plan de cierre para las minas deficitarias.

El ministro español de Industria, Miguel Sebastián, que se reunió en Bruselas con los comisarios de Competencia, Joaquín Almunia, y de Energía, Günther Oettinger, adelantó que España se opondrá al reglamento al considerar que "no es aceptable" que las ayudas al sector concluyan en cuatro años. "Nosotros queremos mantener las ayudas públicas a un sector vital para nuestro suministro energético más allá de 2014, incluso más allá de 2018", dijo Sebastián, quien aseguró que España cuenta con el apoyo de "muchos países" y recalcó que "la última palabra la tienen los países".

Bruselas recuerda que en el pasado ha autorizado regímenes similares al que establece el decreto español en el ámbito del carbón para otros combustibles autóctonos como el lignito pardo o la turba en Austria, Irlanda, Eslovenia y también en España. El sector del carbón da trabajo a unas 100.000 personas en Europa y depende de las ayudas para sobrevivir en varias minas principalmente situadas en la región alemana del Ruhr, en el noroeste de España y en el valle del Jiu en Rumanía.