El Tribunal Supremo ha obligado al Estado a devolver a la sociedad concesionaria de la AP-41 Madrid-Toledo las pérdidas sufridas por la falta de viabilidad de la vía provocadas por no ejecutar la autopista de peaje Toledo-Córdoba con la que iba a enlazar, según la sentencia dictada el pasado 17 de mayo. La sociedad que construyó la autopista y actualmente la explota (participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo) presentó su recurso al considerar que se habían alterado "gravemente las condiciones esenciales del contrato, arruinando su viabilidad" y viéndose abocada al concurso de acreedores.

La sentencia no fija la cantidad a abonar, que deberá resolver la Administración General del Estado. La concesionaria reclamaba cerca de 320 millones de euros por el perjuicio causado por la no ejecución de la autopista y por la apertura de la autovía alternativa M-407, pero este punto ha sido desestimado, por lo que habrá que descontar el perjuicio reclamado por esta vía.