La moratoria hipotecaria dará un respiro a 120.000 andaluces

  • El consejo de Gobierno aprueba el cuarto paquete de medidas contra la crisis · Solbes admite que están trabajando en la posibilidad de garantizar “financiación” a las pymes

Con un pie en Washington, el Gobierno aprobó ayer una batería de medidas –seis concretamente, ver texto adjunto– de apoyo a las familias y los parados españoles. De las que anunció el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado lunes, han dejado fuera dos porque no contaban con el visto bueno y el apoyo de los sindicatos. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que a éstas les sucederán otras, “las necesarias”, para reactivar la economía y el empleo y ofrecer más protección a los desempleados. Por su parte, Pedro Solbes, admitió que el Gobierno está “trabajando sobre la posibilidad” de “financiación” de las pymes para “hacer frente a los temas que más les preocupan”.

Solbes explicó que a la medida estrella, la moratoria “temporal y parcial” de dos años a los parados en el pago de la mitad de la hipoteca, se podrán acoger titulares de créditos hipotecarios “suscritos antes del 1 de septiembre de 2008 y que no superen los 170.000 euros”.

Este aplazamiento podrán solicitarlo trabajadores que queden desempleados antes del 1 de enero de 2010, autónomos que hayan cerrado su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros, así como los que hayan pasado a ser pensionistas de viudedad. El solicitante podrá negociar con su banco el “aplazamiento de la mitad de la cuota hasta un máximo de 500 euros mensuales” y deberá devolver las cantidades sin abonar a partir de 2011, en 10 años. El Gobierno calcula que la medida beneficiará a unas 500.000 personas.

Solbes anunció que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará préstamos a las entidades financieras para que pongan en marcha la moratoria, que se llevará a cabo mediante acuerdos entre el ICO y las entidades, y entre éstas y los interesados. El ministro admitió, asimismo, que el Estado asume cierto riesgo con esta iniciativa, aunque “limitado”, ya que la hipoteca suele ser lo último que dejan de pagar los ciudadanos en momentos de dificultad. En caso de que, finalmente, las familias no pudiesen satisfacer las cuotas aplazadas, el Estado garantizaría las cantidades a través del ICO.

Esta medida ha llegado a Andalucía como agua de mayo. La “vulnerable” situación económica de la región por su alto nivel de desempleo –acumula 683.777 parados a cierre de octubre, con 200.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo– y su elevado endeudamiento –supera el 60% de la renta familiar a causa de la vivienda– la colocan como una receptora de primer nivel de la iniciativa. De ahí que sean en torno a 120.000 andaluces los que puedan verse beneficiados con la moratoria, unos 115.000 desempleados y unos 5.000 autónomos en dificultades.

“El gran peso de la construcción en el PIB andaluz, por encima de la media nacional, ha sido uno de los causantes del exponencial aumento del desempleo”, explica Diego Martínez, director del Servicio de Estudios de Cajasol. Por ello, y pese a que el importe medio de la hipoteca en Andalucía es menor que el español –147.000 euros versus 152.000 aproximadamente–, la situación laboral ha agravado el panorama de la comunidad.

La gran pregunta de cara al futuro es si los ciudadanos podrán devolver las cuotas aplazadas a partir de 2011, cuando la hipoteca media se vea incrementada en unos 100 euros mensuales por efecto de la moratoria. Los expertos consultados indican que, aunque las previsiones para 2009 y 2010 no son nada halagüenas, “el año que viene la crisis tocará fondo y el próximo empezará una lenta recuperación”. A ello hay que sumar que los tipos de interés y, por ende, el Euríbor también iniciarán su particular tregua. “Confiamos en que puedan pagar y la moratoria no tenga que ser prorrogada”, sentencian.

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