Aguirre ahorra mil millones con más tasas y menos sueldos

  • El plan de ajuste afecta a los funcionarios y peajes en autovías · Quiere reducir la Asamblea de Madrid a 65 diputados

El Gobierno madrileño aprobó ayer un ajuste presupuestario de 1.045 millones de euros a través de una bajada salarial del 3,3% a los empleados públicos, una aminoración de ayudas y subvenciones y la creación o subida de 74 tasas para sufragar servicios.

El objetivo fijado por el Gobierno central de que las comunidades no superen este año el 1,5% de déficit público justifica esas medidas en la autonomía madrileña, cuyo presupuesto inicial para 2012 superaba los 17.000 millones de euros.

La reforma incluye medidas como la rebaja salarial del 3,3% para los 180.000 funcionarios y personal laboral al servicio de la Comunidad. Todo ello para no extinguir el contrato de los 40.000 interinos, en palabras de Aguirre, quien subrayó que los altos cargos regionales, desde ella misma a los directores generales, verán rebajado su salario un 10%, incluido los cargos de confianza y responsables de empresas públicas.

Del ajuste total, 650 millones proceden del ahorro previsto en el Plan Económico y Financiero de la región aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiero de mayo pasado.

Madrid retirará además este año las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y empresarios, que suponen 3,9 millones de euros, y equiparará su cartera de servicios sanitarios a la estatal.

Eso supondrá que los madrileños tendrán que pagar si, por ejemplo, quieren ponerse la vacuna del neumococo u operarse para un cambio de sexo, aunque este caso sí que será sufragado si el paciente reside en la región desde hace dos años al menos y cuenta con un diagnóstico de trastorno de identidad emitido por un facultativo.

En el capítulo de ingresos, la Comunidad de Madrid sacará a concurso público la instalación de peajes en la carretera M-45 y se plantea hacerlo en otras rutas que cuenten con una carretera alternativa.

También se crean o modifican al alza 74 tasas, que generarán a las arcas autonómicas unos quince millones de euros.

Entre ellas, diez euros por emisión de la tarjeta sanitaria individual en caso de rotura o extravío, mientras que los ancianos que asistan a centros de día deberán aportar alrededor del 30 % de su renta media per cápita.

Aumentarán el precios en educación pública infantil de 0 a 3 años y los concesionarios de las ITV deberán abonar un euro adicional a la Comunidad.

Madrid reducirá también la subvención para becas de comedor y ayuda para libros, así como la aportación al turno de oficio en la asistencia jurídica y reorganizará algunos centros sanitarios.

Otra de las patas de este plan de choque es que Madrid podrá declarar de ejecución inmediata los proyectos urbanísticos que supongan creación de empleo y riqueza y cuya realización se ve dilatada ahora en el tiempo por factores que "disuaden a los inversores", según Aguirre, quien separó este punto del interés por acoger el complejo de ocio Eurovegas.

Al margen de este proyecto de ley de ajuste presupuestario, Aguirre anunció su intención de que los diputados de la Asamblea pasen de los 129 actuales a 65, aunque requerirá la ayuda de la oposición para aprobar esa idea, que no entraría en vigor hasta las elecciones de 2015. El portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, considera que la propuesta de la presidenta madrileña debería extenderse a otros parlamentos autonómicos que, en su opinión, están "muy sobredimensionados". La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó por su parte que la propuesta "es una gran idea" de Aguirre, en la línea del "espíritu de sobriedad" en las administraciones públicas.

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