La admisión de un pacto fiscal para Cataluña hubiese supuesto una enmienda a la totalidad a la historia autonómica andaluza, cuyo motor ha sido la reivindicación de que todos los españoles deben recibir el mismo trato del Estado con independencia de que éste respetase las singularidades de cada territorio. Ése fue el significado del 28-F de 1980, pero un concierto fiscal para Cataluña, como el que goza el País Vasco y Navarra hubiese traído, de un lado, menos fondos para financiar al resto de las comunidades autónomas y el inicio, en opinión del Gobierno andaluz, de una España confederal, donde las autodenominadas comunidades históricas gozarían del derecho a decidir sobre su ruptura con España. Por ello, desde el Gobierno andaluz se acogió ayer con satisfacción el resultado, claro y rotundo, de la reunión entre el presidente Mariano Rajoy y el líder catalán, Artur Mas, y en la que ha quedado sepultada esta iniciativa bajo un argumento de peso: la Constitución, que declara como soberano al pueblo español, y no al catalán, al vasco o al andaluz, lo que invalida las decisiones unilaterales, y que, además, restringe la opción de conciertos a las denominadas comunidades forales.

Un portavoz del Gobierno de la Junta manifestó ayer que las dudas que albergaba el presidente Griñán sobre la actitud del PP han quedado despejadas, y es que en el PSOE andaluz temían que Rajoy emprendiera un camino que llevase a una suerte de España de dos velocidades, donde Cataluña, el País Vasco y Galicia conformasen unas autonomías de primera, con mayor autogobierno, mientras el resto quedase relegado a una futura recentralización de España. Es decir: una reescritura de la historia que comenzó con el café para todos, la frase que definió, antes de la aprobación de la Constitución, un proceso donde cada región iba a contar con una preautonomía y del que resultaría la conformación actual del Estado. Y es que la ya ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre había señalado el café como origen de los males económicos de España y, posteriormente, su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo que Galicia era una de las tres comunidades históricas del país.

Sin embargo, y a pesar de las dudas, Rajoy no se ha salido del guión que él había escrito el día anterior desde el Congreso de los Diputados: no hay opciones para abrir una negociación sobre el pacto fiscal. Pero ni ahora ni en meses ni nunca, a juicio de Artur Mas. Los cálculos realizados por Ángel de la Fuente, del CSIC, son que un trato para Cataluña, como el que recibe el País Vasco supondría unos recursos extraordinarios para Cataluña de 16.000 millones de euros, que saldrían -claro, está- del total que ahora se reparten entre todas las comunidades según el actual sistema de financiación autonómica. Un 12% menos para el conjunto, que habría convertido en inviable la prestación de los servicios de las comunidades autonómas. Por eso, un cupo catalán hubiera llevado, indefectiblemente, a una recentralización del resto de España, y a la convivencia con una comunidad -Cataluña-, cuyo gobierno actual ya ha declarado que su estación término no era ésa, sino la independencia.

El vicepresidente Diego Valderas, el socio de IU en el Gobierno de Griñán, manifestó, no obstante, que la decisión de Rajoy era la "previsible", puesto que era "imposible" en la Constitución. "El pacto fiscal es la antesala de la españa confederal", indicó ayer Valderas, quien no obstante criticó las ansias centralizadoras de "Madrid, que sigue asfixiando a las comunidades autónomas". El secretario de Organización del PSOE, Mario Jiménez, número dos del socialismo andaluz, ha sido quien se ha mostrado, hasta el momento, más duro con la petición de CiU, a la que ha calificado, claramente, de "discriminatoria" respecto al resto de los españoles. Y es que si bien Griñán ha seguido defendiendo un sistema de financiación que garantice la igualdad de los españoles, ha apuntado a que el camino debería seguir hacia una España de "federalismo cooperativo". Desde el Gobierno andaluz se entiende que la postura de Griñán debe ser cauta por su posición de presidente y que, además, no busca un enfrentamiento con Cataluña.

El Gobierno andaluz interpreta, además, que Mariano Rajoy sí ha abierto la opción de revisar los objetivos de déficit de las comunidades, de modo que las autonomías también se beneficien de la subida del listón que le permitió la Unión Europea, que es del 6,3% para 2012. No obstante, del comunicado de Rajoy, y de las declaraciones posteriores de Mas, lo que se deduce es que el presidente está dispuesto a revisar el actual sistema de financiación, aunque ya se contemplaba cuando se aprobó en 2009 que en 2014 se revisaría.